La justicia colombiana se inhibe sobre la extradición de narcotraficantes a EE UU

El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia ha decidido inhibirse sobre las solicitudes de extradición de narcotraficantes presentadas por Estados Unidos, y ha dejado esta decisión exclusivamente al arbitrio del Gobierno del presidente, Virgilio Barco. Como consecuencia, una petición para el envío a EE UU del presunto narcotraficante Gilberto Rodríguez, detenido en España hace tres años y entregado a Colombia en 1986, quedó en el aire, ya que el Gobierno planteó que el fallo del Tribunal es un requisito previo para firmar la orden de extradición.

El máximo tribunal decidió la pasada semana no emitir fallos por solicitudes de extradición formuladas antes del 12 de diciembre de 1986, fecha en que ese mismo tribunal declaró inconstitucional el tratado de extradición firmado con Estados Unidos en 1979. Los magistrados fundamentaron su decisión en que el tratado fue suscrito por el entonces ministro del Interior, Germán Zea, y no por el presidente, Julio César Turbay, quien se encontraba fuera de Colombia. La Constitución establece que los tratados internacionales deben ser firmados por el jefe del Estado.El Gobierno de Barco presentó un recurso ante el propio Tribunal Supremo, por lo que parece probable que la apelación gubernamental será descartada. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que es necesario el dictamen judicial para proceder a las extradiciones.

Esta compleja situación puede ocasionar que el tratado de extradición con Estados Unidos se convierta en letra muerta, lo que detendría el arma más temida por las bandas de narcotraficantes colombianos. No obstante, los magistrados aseguran que tomaron la decisión considerando argumentos jurídicos y no por presiones o por temor.

Treinta jueces, un centenar de oficiales de policía y un ministro de Justicia han sido asesinados en Colombia por bandas de narcotraficantes desde 1984. Además, pistoleros a sueldo hirieron gravemente en enero pasado, en Budapest, al actual embajador colombiano en Hungría, Enrique Parejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno anterior. Un mes antes había sido asesinado en plena calle el director del periódico El Espectador, de Bogotá, Guillermo Cano, conocido por sus permanentes campañas contra el tráfico de droga y su apoyo al tratado de extradición.

Gracias al acuerdo, Colombia ha entregado a las autoridades norteamericanas a 16 acusados de tráfico de drogas en ese país, en tanto que Estados Unidos puso a disposición de la justicia colombiana a tres presuntos narcotraficantes.

El último entregado a Estados Unidos fue Carlos Lehder, considerado uno de los mayores comerciantes de cocaína del mundo. Detenido el 4 de febrero, Lehder fue trasladado a Miami el mismo día, ya que la orden de extradición fue aprobada por el Tribunal Suprema de Justicia y firmada por el ex presidente Belisario Betancur en 1984.

El caso de Rodríguez

Uno de los posibles beneficiados por la decisión del Tribunal Supremo es Gilberto Rodríguez Orejuela, un cabecilla de segunda fila en el denominado cartel de Medellín, reclamado por un juzgado norteamericano bajo la acusación de tráfico de cocaína. Según el departamento antidroga de Estados Unidos, Rodríguez es responsable de operaciones de contrabando de pasta de coca entre Perú y Colombia, así como de una red de distribución de cocaína en Nueva York.En 1981 la policía norteamericana se incautó de un cargamento de fungicidas propiedad de Rodríguez en el que iban capturados 800 kilos de cocaína. Cuando fue capturado en España, en noviembre de 1984, junto al capo del narcotráfico José Luis Ochoa, llevaba certificados de depósito por un millón de dólares y 90.000 dólares en efectivo además de documentos que lo involucraban en operaciones de tráfico de cocaína. Hasta que se resuelva su situación, permanece encarcelado en Cali, ciudad en el suroeste de Colombia, en donde también se le sigue un juicio por narcotráfico.