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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

No están sordos

EN LA tarde de ayer, las organizaciones estudiantiles recibieron del Ministerio de Educación un programa de medidas encaminadas a la reforma y mejora del sistema de enseñanzas medias y su articulación con el acceso a la Universidad. En conjunto, el programa es una amplia respuesta a las reivindicaciones que han venido manteniendo los estudiantes desde hace meses y que se han precipitado desde mediados de dici.embre en las multitudinarias manifestaciones.Con las protestas de los alumnos de enseñanzas medias, de un lado, pero también de los profesores y de los universitarios, la sociedad ha visto representado espectacularmente un malestar del que participaba privadamente la gran mayoría de las familias. Tratar de acallar esas protestas haciendo oídos sordos o con reacciones autoritarias como las que han conducido al cierre de Bellaterra o han enconado la situación en la universidad de Alcalá de Henares es hacer crecer la impresión de que el Gobierno o no entiende o menosprecia a la sociedad civil.

La respuesta del Ministerio de Educación ahora puede tenerse sin embargo como un cambio de actitud sectorial. Es en muchos aspectos lamentable que todo este prometedor diseño en inversiones y política educátiva cpritenido en la oferta ministerial haya sido materialmente arrancado a los gestores con la movilización de la calle y el riesgo de víctimas fatales. Pero también es prometedor: desde no pocos puntos de vista parecería que el Gobierno necesita de estas sacudidas populares para recobrar su pulso político, tomar iniciativas y lograr un contacto con la sociedad civil, que soslaya en las situaciones de bonanza.

El nuevo programa sobre enseñanzas medias que ayer hizo público el ministerio contiene ofertas sustantivas. Una de ellas es la de establecer la absoluta gratuidad del bachillerato y la formación profesional en centros públicos a partir del próximo curso. Otra es la promesa de garantizar la plena escolarización de todos los jóvenes menores de 16 años dentro de la legislatura que finaliza en 1990. En relación con este proyecto se anuncia la construcción, con carácter inmediato, de 67.840 puestos escolares en formación profesional, BUP y COU, dentro de las 28 provincias que gestiona directamente el ministerio.

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En cuanto al pase a la enseñanza universitaria, las medidas para facilitar el acceso a la Universidad se refieren tanto a los costes, mediante congelación del precio real de las tasas y un sensible aumento en el fondo para becas, como a las fórmulas académicas que se concretarán en una nueva ley tras consultar a estudiantes, padres, profesores y representantes de la institución. Además de las becas para cursar los estudios universitarios -con incrementos del 25% en 1987 y del 40% en 1988-, el Estado extenderá la matrícula gratuita a todos los alumnos de renta familiar inferior a 1.700.000 pesetas anuales (familias de 2 hijos), equivalente al 80% de las familias españolas.

Prácticas remuneradas en las empresas, de las que podrán beneficiarse todos los que cursen segundo curso de formación profesional, son una promesa más para implantar en esta legislatura.

En cuanto al esfuerzo presupuestario, esta y otras medidas supondrán un gasto suplementario de 40.000 millones de pesetas en el próximo curso. Vale destacar de este programa el interés por desarrollar la autonomía de los centros en la dirección que prevé la LODE. Pero también las previsiones para ampliar la presencia de estudiantes en la gestión de los centros y la creación de nuevos organismos que promuevan su participación hasta un grado probablemente sin igual en otros países europeos. Ante estas ofertas, los estudiantes pueden celebrar el éxito de sus presiones. No parece sin embargo que pueda hablarse de vencedores y vencidos. Por encima de las algaradas y los incontrolados episodios de vandalismo a cargo de oportunistas, los estudiantes han mostrado la legitimidad de sus peticiones y,los beneficios sociales que pueden derivarse de su lucha. La reacción del ministerio alcanza con las mejoras que promete a unos de los aspectos de modernización educativa y profesional que reclama el conjunto de la cultura y la economía española y que aporta elementos de racionalidad y justicia indispensables. No es motivo de alborozo que los ministros necesiten escuchar las pedradas en sus fachadas para despertar a necesidades de la colectividad. Pero es halagüeño, tal como están las cosas en otros departamentos, que un gobernante demuestre que, al menos, no está sordo. No del todo.

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