Flick y Flock

"Ni FLICK ni Flock", dijo llanamente el presidente del Gobierno cuando el PSOE se vio acusado de obtener irregularmente fondos de ese consorcio alemán occídental. Pues bien, años más tarde, y tras una leve condena en la República Federal de Alemania a los políticos responsables del escándalo Flick, el Parlamento español se apresta a entender de la manera cómo han ,de financiarse en el futuro los partidos.Una de las demostraciones de la escasa implantación social de los partidos en nuestro país es la necesidad que tienen de acudir al dinero público para sobrevivir dado que las cuotas de sus afiliados y las donaciones no cubren sus cuantiosos déficit. Así que el Congreso debatirá en breve una nueva proposición de ley sobre el asunto. El borrador ha sido objeto de negociaciones entre los grupos y cuenta con el apoyo de todas las formaciones parlamentarias, con excepción de los nacionalistas vascos y catalanes.

La elaboración de esta proposición de ley es consecuencia de los debates a que dieron origen las revelaciones, a finales de 1984, sobre aportaciones del consorcio Flick, a través del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), al PSOE. Se puso de manifiesto que prácticamente todos los partidos habían recibido ayudas procedentes del exterior a través de instituciones relacionadas con grupos políticos homólogos de los beneficiarios. También se supo de la existencia de todo un mundo subterráneo que ponía en relación el dinero y la política a través de los más insospechados cauces. La comisión creada elaboró un dictamen cuya principal conclusión fue la conveniencia de elaborar una ley de financiación de los partidos como la que ahora va a debatirse.

No es ésta la única vía de canalización de fondos públicos hacia los partidos políticos: existen además las compensaciones por gastos de campaña electoral y las subvenciones a los grupos parlamentarios, que se mantienen en los términos actuales. Lo oue el nuevo proyecto regula son otras subvenciones estatales anuales, destinadas a sufragar nada menos que los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos. La proposición de ley prevé el reparto, en proporción al número de votos y escaños obtenidos, de una cantidad fija establecida cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Se regulan también los requisitos para la recepción de contribuciones o donaciones privadas: no podrán sef anónimas ni procedentes de empresas públicas o privadas con contrato de prestación de servicios a la Administración, ni superar los 10 millones de pesetas anuales por cada persona fisica o jurídica donante. Se consideran ilícitas las donaciones procedentes de Gobiernos u organismos públicos extranjeros, pero no las de personas particulares de otros países. La ley regula también los mecanismos de fiscalización, a través del Tribunal de Cuentas, de las finanzas de los partidos, así como las obligaciones contables de éstos, de forma que pueda conocerse en todo momento su situación patrimonial.

El proyecto elimina una disposición, que figuró en uno de los primeros borradores, según la cual el Estado se haría cargo de las deudas acumuladas por los partidos hasta el momento de entrada en vigor de la ley. La banca es acreedora actualmente, según estimaciones prudentes, de más de 11.000 millones de pesetas adeudadas por los principales partidos, siendo el PSOE y Alianza Popular los más endeudados. El proyecto prevé la utilización de un máximo del 25% de los ingresos anuales de cada partido a amortización de deudas e intereses.

España no figura entre los países del continente que dedican más dinero a la financiación de las actividades políticas. En Francia, según un estudio de The Economist, un diputado cuesta al año al erario público, considerando todas las partidas presupuestarías correspondientes, unos 445.000 dólares, más del doble que en el Reino Unido o España, donde el coste es de unos 175.000 dólares. En la República Federal de Alemania o en Italia, la cifra se acerca a los 400.000 dólares. En este último país funciona una ley similar a la que ahora va a aprobarse en España. La cantidad destinada a la financiación directa de los partidos italianos será en 1987 de unos 13.500 millones de pesetas. Los presupuestos españoles para este año -la ley cuya tramitación se inicia ahora tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 1987- prevén para este fin una partida de 7.500 millones de pesetas.

El debate de 1984 demostró la falta de transparencia de las cuentas de los partidos, el origen irregular de muchos fondos y la opacidad general que rodea todo el asunto: desde los fondos reservados incluidos en los Presupuestos Generales del Estado hasta la recepción de comisiones por contratos entré instituciones públicas y empresas privadas, pasando por las minutas de gabinetes de estudio relacionados con los partidos y a los que ayuntamientos, diputaciones, Gobiernos autónomos y toda clase de organismos de la Administración encargan dictámenes sobre las más diversas cuestiones. Sería ingenuo pensar que la iniciativa parlamentaria ahora adoptada vaya a acabar totalmente con la hipocresía, de un lado, y la atmósfera de permanente sospecha, por otro, que rodea la cuestión. Pero puede contribuir a disminuir la una y la otra. Lo único que cabe esperar es que esa financiación pública no sirva primordialmente para reforzar el poder.casi omnímodo con que cuentan las cúpulas de los partidos, sino que obligue a compromisos objetivos de democratización interna de éstos y a reformas que agilicen y revitalicen el Parlamento.