El control de la profesión de auditor quedará en manos de los propios profesionales del sector

El Ministerio de Economía y Hacienda ha vuelto a convocar a primeros de este mes a la comisión encargada de redactar el proyecto de ley de Auditoría, que no se reunía desde hace un año. Previamente, los secretarios de Estado de Economía y de Hacienda convocaron al presidente del Instituto de Planificación Contable, Carlos Cubillo, y a otros miembros de la comisión para expresarles su criterio de que el control de la profesión de auditor deberá quedar para los propios profesionales, aunque con algunos matices. Éste fue el tema que bloqueó el trámite final de la ley hace un año por la polémica suscitada entre las áreas de Economía y de Hacienda.

El Ministerio de Economía propuso en aquel momento que el control profesional fuera ejercido por los propios profesionales, de acuerdo con el criterio general en el sector, mientras que Hacienda defendió un tutelaje directo por parte del ministerio. Hacienda ganó esta batalla, ya que en el borrador de proyecto de ley redactado en aquel momento se estableció la creación de un Consejo Nacional de Auditoría, bajo la dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de abrir un registro oficial de auditores para aquellos que cumplieran una serie de condiciones fijadas también en el borrador. Pero Hacienda perdió la guerra, ya que el texto quedó paralizado.

El reparto del pastel

La polémica de fondo rebasa el ámbito meramente corporativo, ya que se ampliará notablemente la obligación de la auditoría y el pastel a repartir será mucho mayor. Con ello se llenará el vacío legal que existe ahora, ya que, en la práctica, solamente los bancos y algunas grandes empresas auditan externamente sus cuentas de forma voluntaria y como factor de seguridad ante sus accionistas. El último texto redactado por la comisión preveía en este sentido que los bancos, las compañías de seguros y las entidades financieras en general, así como todas las empresas, salvo las pequeñas y medianas, estarían obligados. A estos efectos, el borrador consideraba como tales las que entraran dentro de los límites que fijaría el Gobierno, teniendo en cuenta la consolidación total del balance, la cifra neta de negocios y el número de empleados. Estos límites podrían estar en una facturación de 500 millones de pesetas y 150 empleados, de acuerdo con los criterios que rigen en los países europeos.Después de que el proyecto estuviera paralizado durante prácticamente un año -también coincidió con el referéndum de la OTAN y con las elecciones generales-, ahora Economía se propone que los trabajos de la comisión acaben a finales de este mes, por lo que se convocan reuniones semanales. La comisión, formada por 13 personas, está presidida por el presidente del Instituto de Planificación Contable, Carlos Cubillo, y como coordinador de los trabajos actúa Carlos Pascual, de la Secretaría de Estado de Economía. Fuentes de la comisión aseguran que las riendas en la elaboración de un nuevo texto las lleva Economía, y que Hacienda ha quedado relegada.

En la comisión están también Antonio Noguero y Carlos Fernández, del Instituto de Planificación Contable; José Juan Blasco, de la Intervención General del Estado; Enrique Corona, de la Dirección General de Seguros; Carlos Martínez Frías, de Economía; Abelardo Delgado, de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria; Raimundo Poveda, del Banco de España, y los catedráticos Leandro Cañibano, José Rivero, Blanco Campaña y Alberto Bercovitz.