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Por la distensión en Melilla y Ceuta

Cuando hace poco más de un año fue promulgada la ley de Extranjería, sorprendió en diversos medios su ignorancia de la situación especial del colectivo musulmán en las ciudades de Ceuta y Melilla pese a globalizar un 30% de su población. Esta ignorancia no era más que consecuencia de una larga tradición en nuestro país de negar la existencia de problemas mediante la fórmula de ignorarlos.La Ya larga marginación del colectivo musulmán ha salido a la opinión pública en una sola de las dimensiones del problema: la de política interior. La gravedad de la situación hace absolutamente necesaria la búsqueda de soluciones estables que afronten también la otra dimensión, la de política exterior, que ensombrece desde hace décadas las relaciones -económicas, políticas, de cooperación cultural- con nuestro vecino del Sur.

A lo largo de 1986 se iniciaron pasos para atenuar la conflictividad de la situación en el dominio interior. Se creó una comisión mixta con participación de líderes musulmanes, que, optando por la vía asimiladora, intentó acelerar el proceso de naturalizaciones y estimular la integración del colectivo a través de una denuncia de la discriminación y el establecimiento de un censo de personas y un inventario de problemas a fin de encontrarles solución inmediata. Hay que valorar la actitud de diálogo manifestada por el anterior delegado del Gobierno, así como señalar las resistencias de las fuerzas políticas melillenses, que, prácticamente formando un bloque homogéneo, no sólo no facilitaron el camino integrador, sino que consiguieron que el Gobierno cesara -al delegado a fines del verano.

A partir de este momento la nueva política del Gobierno sorprende a la opinión pública con una doble actuación que en un primer vistazo podia parecer contradictoria: los nombramientos de Aomar Mohammedi Dudú como consejero de Interior para asuntos de la comunidad musulmana y de Manuel Céspedes como delegado del Gobierno. Contradictorio porque si por una parte el primer nombramiento era un paso más en la línea integradora, el segundo hacía temer soluciones policiales. Pronto se vio que se optaba por una misma política con sus dos caras, asimiladora pero propia de los tiempos del Alto Comisariado, intentando ganar al caudillo local (los ejemplos de Raisuni y Abd el Krim vienen a la cabeza), en un marco de restauración del orden, con la reposición en sus puestos de los policías insubordinados y expulsados por el anterior delegado del Gobierno.

Dos repercusiones, sin embargo, hay que destacar de la nueva política: el rechazo del colectivo musulmán, que vio con recelo la imagen oficial de Dudú, así como la falta de colaboración de los medios de comunicación, que desencadenaron una campaña de descrédito del líder musulmán que tuvo sentido impacto en una opinión pública predispuesta a prejuicios no exentos de racismo.

La visita de Dudú a Marruecos fue el detonante para crear el clima que tenía que acabar en ruptura y nada se ha hecho por evitarla. Los acontecimientos de fines de enero en Melilla, donde hay que lamentar un ciudadano musulmán muerto, son una consecuencia dé la falta de soluciones políticas, que deja la cuestión a merced de quien quiera explotarla y justo en este momento son muchos los que pueden hacerlo. La represión, arrestos domiciliarios, encarcelamientos, traslados a la Península, acusaciones tan graves como sedición -aparte de los insultos y descalificaciones personales de miembros destacados del colectivo musulmán por parte de quien ostenta la representación del Ejecutivo-, no pueden hacer más que enconar el problema.

Durante más de un año, la cuestión de Melilla ha sido tema de portada en los periódicos, marroquíes -con el desgaste público de imagen de la España democrática en el vecino país-, con especial insistencia en los de la oposición. El Gobierno y la Prensa oficialista han guardado una actitud prudente que como tal fue valorada por el jefe de la diplomacia española. Sin embargo, la reciente. visita del ministro del Interior español a Marruecos ha servido para que el soberano marroquí haga una propuesta de creación de un grupo de reflexión sobre el destino de las dos ciudades que se ha querido ver una vez más, como nueva injerencia en los asuntos internos españoles.

Por todo ello, aun valorando la utilidad y urgencia de la promulgación del real decreto de excepcionalidad de la ley de Extranjería para Ceuta y Melilla, creemos que para abrir caminos de diálogo sería necesaria la apertura de una investigación parlamentaria sobre los recientes acontecimientos de Melilla. En el mismo sentido nos parece obligado abogar por la liberación de los detenidos en la prisión de Almería, sin pretender inmiscuirnos en la independencia del poder judicial pero con la conciencia de la dimensión política de los acontecimientos. Y abrir un debate nacional que tienda a soluciones estables para el futuro de estas dos ciudades, sobre la base de una información de la que actualmente carece la opinión pública española, con la mira puesta en la. mejora de las relaciones con nuestro vecino y con la clara idea de salvaguardar siempre los legítimos intereses de las poblaciones españolas allí residentes.

Además de los escritores Antonio Gala, Juan Goytisolo y Manuel Vázquez Montalbán firman este artículo, por orden alfabético, Francisco Bustelo, ex rector de la Complutense y catedrático, Antonio Elorza, historiador y catedrático, Julio González Campos, ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático, Fernando López Agudín, periodista, Bernabé García, profesor de Historia Contemporánea del Islam, Alejandro Lorca, catedrático, Pedro Martinez Montávez, catedrático de Árabe y ex rector de la Autónoma madrileña, Roberto Mesa, catedrático, y Víctor Morales Lezcano, profesor de Historia Contemporánea.

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