Los propietarios de Las Hoyas aceptan la expropiación de la urbanización

La mayoría de los propietarios de las parcelas de la urbanización ilegal de Las Hoyas en de Villa del Prado, situado a 70 kilómetros de Madrid, han aceptado la expropiación efectuada por la Comunidad de Madrid como la mejor solución de las posibles. El Gobierno regional concentrará en un 25%. de la zona afectada a los 105 parcelistas, propietarios de un terreno declarado de alto valor medioambiental.Hace cinco años, pequeños comerciantes, funcionarios, obreros y albañiles de Madrid, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada compraron a 150 pesetas el metro cuadrado unas parcelas de 5.000 metros cuadrados que consideraban como la oportunidad de su vida. Se anunciaban como colonia ganadera y agrícola. Se podía pagar en cinco años y sin entrada.

Los promotores (Inmobiliarias Reunidas, SA e Integración Nueva Energía, SA) habían previsto la venta en 460 parcelas de un terreno de alto valor ecológico en Villa del Prado, pueblo que en verano pasa de 3.000 a 12.000 habitantes. Es una zona boscosa en la que predomina la encina y el enebro. La fauna es abundante. Cuando estalló el escándalo habían vendido 105 parcelas.

Un alcalde de UCD

"Me di cuenta del engaño", cuenta José Martínez, presidente de la asociación de afectados, "cuando fui a Coplaco a informarme un año después de haber comprado la parcela. Allí me, dijeron que era ilegal, pero meses antes el alcalde José Luis Perlado, de UCD -hoy concejal independiente en la oposición-, me concedió la licencia de obras, y era precisamente su hijo, que trabajaba en la oficina de ventas, el que enseñaba los terrenos a los futuros compradores".El nuevo Gobierno municipal, emanado de las elecciones de 1983 y presidido por Carlos González, de AP -el PSOE apoyó a González como alcalde para que .no repitiera Perlado-, ordenó el cierre de la oficina de ventas y el piso piloto por carecer de licencia e impidió nuevas construcciones en Las Hoyas.

Actualmente sólo un tercio de las 30 casas c`onstruidas tiene licencia. José Martínez se encargó de escribir en el cartel que indicaba la entrada a la urbanización un aviso para los ingenuos: "Parcelas ilegales. No comprar".

Legalmente, los afectados sólo han podido denunciar a los promotores por incumplimiento de contrato, ya que habían asumido la responsabilidad de realizar los víales, el saneamiento y la red de distribución de agua. Esta última, que es la única obra que acometieron, está defectuosa. "Las cañerías, una vez se marcharon los promotores, reventaron", apunta José Martínez.

En la actualidad carecen de agua potable -se sirven de un manantial cercano-, alcantarillado y electricidad. Algunas casas disponen de grupo electrógeno, pero las más recurren a las bombonas y baterías para iluminarse. El jueves, no obstante, la asociación presentó una denuncia por vender una parcela dos veces.