La reforma agraria

DESDE JOVELLANOS y los ilustrados, la reforma agraria ha aparecido siempre como uno de los latiguillos o de las necesidades de cualquier proceso de modernización de este país. Las protestas y huelgas de jornaleros que esta semana han tenido lugar en Andalucía y Extremadura tienen una causa concreta: el pasado 3 de enero. entró en vigor un decreto por el cual se aumenta al doble -de 10 a 20- el número de peonadas que han de ser cumplidas para tener derecho al subsidio agrario (equivalente al seguro de desempleo). Además, en un principio no era computable el tiempo de ocupación en el Plan de Empleo Rural. Tal limitación ha sido eliminada después como consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y UGT.El Gobierno asegura que lo que trata de hacer con el decreto es luchar contra la picaresca y el fraude. Pone de relieve lo que ya es conocido: la compraventa de peonadas, esto es, la justificación falsa de jornadas de trabajo no realizadas efectivamente, a cambio de lo cual el trabajador pagaría parte de su subsidio al falsario; o el trabajo negro, por el que el obrero agrícola trabaja sin cotizar a la Seguridad Social y figura como parado sin serlo. La existencia de estas situaciones es cierta, pero conviene admitir también que se dan dentro de un mundo de ingresos mínimos y de dificultades económicas rayantes a veces en la miseria. Las autoridades se ven impotentes para perseguir directamente a los defraudadores, mediante la inspección, debido entre otras cosas a la extensión de las zonas agrarias y el carácter local y a veces familiar en que se realiza la trampa. Han optado entonces por recurrir a las grandes medidas colectivas en las que pueden caer efectivamente algunos ¡legales -aunque seguirá siendo posible para ellos falsificar las 20 peonadas-, pero al mismo tiempo perjudicará a un número elevado de inocentes. Actuaciones semejantes en el terreno de la Seguridad Social, de las prestaciones de paro o incluso de la aplicación de la fiscalidad general parecen mostrar esa tendencia a compensar los fraudes de algunos con el castigo,de todos.

El número de personas afectadas por el decreto varía según las estimaciones. El recuento oficial ha ido aceptando cada vez cifras mayores, desde las 19.000 que calculó al emitir el decreto hasta 26.000 en la actualidad. Los sindicatos estiman que pueden pasar de 100.000 los trabajadores afectados. La multiplicación de esos números por el de familiares que viven de cada uno de los trabajadores arroja, en cualquier caso, unos totales inquietantes.

Pero este problema coyuntural vuelve a poner de relieve la verdadera cuestión de fondo: la cuestión social en la España agraria no tiene una solución mediante la aplicación de subsidios -mucho menos por su reducción-, sino por una nueva concepción del trabajo en el campo y de la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, por la absorción del excedente de mano de obra en otro tipo de trabajos. Durante años este problema ha estado enmascarado por la emigración al extranjero y a las grandes ciudades. Ello permitió a los políticos no abordar el gravísimo asunto de la reconversión agraria, muchas veces más importante que la siderúrgica, minera o naval.

La Administración, a pesar del alto porcentaje que aún supone en España la ocupación agraria, sigue retrasando la puesta en marcha de una reforma del campo. La población activa española ocupada en el campo asciende a 1,7 millones de personas, un 15,7% sobre el total. En la Comunidad Europea la media de población activa agrícola ocupada es de un 9%.

Es cierto que en las dos últimas décadas las condiciones de vida de la España agraria han mejorado. Pero siguen siendo paupérrimas en muchos casos. Una acción indiscriminada sobre el colectivo laboral agrario, como la que comentamos, encierra peligros potenciales evidentes. La indignación oficial por el fraude debería reflejarse en una persecución directa de éste, y muy especialmente de quienes lo están utilizando como una nueva explotación de los trabajadores, pero no en medidas generales que, siendo muy sanas para los presupuestos, pueden afectar seriamente a la ya dificil estabilidad de zonas extensas y provocar el estallido de la cólera. Reducir la causa de las movilizaciones actuales a la acción de los agitadores, la mera picaresca o a intencionalidades políticas es cerrar los ojos a la realidad.