La ley del silencio

EL SILENCIO, la ocultación, la reserva, son reivindica dos por los poderes públicos y sus agentes como derecho -ellos los llaman deberes- frente a los requerimientos de información por parte de los ciudadanos. Para sostener esta actitud, beligerantemente defendida en los círculos restringidos del poder, lo común es esgrimir razones relacionadas con la defensa o la seguridad del Estado. Y en ocasiones, ni siquiera se recurre a argumentos tan patrióticos para argumentar la arbitraria voluntad del gobernante de ocultar la información a los gobernados.Varios grupos parlamentarios estudian la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la presidencia del Congreso de 18 de diciembre de 1986 que restringió el acceso de los diputados al conocimiento de materias clasificadas como secretos de Estado. Su decisión se ha visto reforzada por el reciente dictamen de un experto en derecho administrativo alegando que todos y cada uno de los diputados tienen derecho a este tipo de información, sin otra restricción que las sanciones en el supuesto de quebrantar la confidencialidad.

La ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, aun con la reforma introducida en octubre de 1978, no determinaba con claridad la forma de acceso de los diputados a las materias clasificadas o reservadas. Para iluminar esta oscuridad vino la resolución de la presidencia del Congreso, pero con ello se obtuvo una luz tan restrictiva o polarizada que impide de hecho la función parlamentaria de control de decisiones importantes del Ejecutivo. Esa frustrada clarificación se produjo a raíz de la polémica suscitada por la negativa del Gobierno a informar al Parlamento del contenido del memorándum sobre la OTAN.

La aparente desconfianza respecto del Parlamento insinúa un juicio poco positivo acerca de la firmeza moral de los representantes de la soberanía popular. Firmeza moral que se atribuye en cambio a los fabricantes del secreto. No se entiende bien por qué los representantes del pueblo estarían incapacitados para practicar esa "virtud difícil y difícil prueba que es guardar el secreto peligroso", mientras los funcionarios a sueldo se comportarían naturalmente como tumbas. ¿Querría insinuarse que los funcionarios representan mejor el interés ciudadano que los diputados? Y si esta desconfianza no se detiene ante el Parlamento, menos lo hace ante la opinión pública y los medios de comunicación.

La segunda ronda de consultas o negociaciones entre España y la Alianza Atlántica ha terminado para el público como empezó: en la más profunda de las tinieblas. La determinación oficial de no informar sobre esta materia es patente. De ningún modo se puede excusar el secreto con el alegato de que la negociación se encuentra en curso y no se puedan desvelar las cartas. La falta de voluntad de informar parece más bien dictada por intereses políticos particulares, a raíz de las promesas del Gobierno de no integración de España en la estructura militar de la Alianza.

Pero la doctrina oficial cfe que la defensa corresponde al pueblo. reclama, por un mínimo de coherencia, que el ejercicio de la democracia no se detenga ante esas interesadas alambradas. ¿Cómo se pue de esperar apoyo popular a unos planteamientos que los ciudadanos desconocen?

Los ciudadanos se enteraron, por un boletín editado en Bruselas en junio pasado, de que el Gobierno iba a presentar un memorándum en la sede de la OTAN con las líneas maestras de lo que será el modelo de participación española en la Alianza. ¿Habrá que volver a leer las publicaciones extranjeras para saber y beber en fuentes foráneas sobre las intenciones del gobierno español? Considerar a la población menor de edad es una costumbre de las autocracias, de la que todo demócrata debe aprender a huir. La pretensión de crear zonas oscuras al conocimiento popular acaba pagándose con el descrédito.