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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La tentación del barullo

EL MINISTRO de Educación, José María Maravall, ha decidido al fin tomar personalmente las riendas del conflicto estudiantil. Tras haber confiado a sus subordinados la tarea de pacificar a los estudiantes, hoy mantendrá en la sede de su departamento una reunión con los dirigentes de todos los colectivos de alumnos para negociar, después de dos meses de conflictos, la tabla de sus reivindicaciones.Esta rectificación, lo mismo que otras de parecido género observadas en el área del Ministerio del Interior, puede y debe contribuir a propiciar un diálogo más eficaz y alcanzar soluciones pactadas. Pero, pese a la enmienda de la Administración, los estudiantes han seguido manteniendo su primitiva conducta de enfrentamiento, como si nada hubiese cambiado. Los disturbios de ayer en distintas ciudades españolas deterioran innecesariamente la coherencia de la protesta estudiantil.

Los ciudadanos, que en un porcentaje muy alto manifestaron su apoyo genérico a las posiciones que han expresado los estudiantes, tendrán sin duda dificultades para entender cómo se sigue cortando el tráfico, destruyendo escaparates y mobiliario urbano, dificultando, en suma, la vida ciudadana, cuando el oponente ofrece nuevas opciones para un acuerdo. Cosa, dicho sea de paso, hasta ahora inusual en los hábitos de los Gobiernos socialistas, más amantes muchas veces del principio de autoridad que de la racionalidad política.

El lunes, sin convocatoria previa de manifestación ,y de una forma asamblearia, grupos de estudiantes se dedicaron a bloquear la circulación y a imponer su voluntad a los ciudadanos. -En Madrid, ésa acción provocó numerosos incidentes. El martes, los provocadores volvieron a entrar en acción: algunos grupos arrojaron todo tipo de objetos contra la sede de la comunidad autónoma ocasionando diversos daños en la fachada. El carácter pacífico de la protesta estudiantil queda así desfigurado nuevamente, en un momento en que los líderes de la protesta debían valorar el triunfo real que han obtenido forzando al Gobierno a rectificar.Por su parte, la policía ha cambiado su desaforada energía y probada e inútil brutalidad de antes por un talante rayano en la inhibición. Pensamos que entre disparar tiros y no hacer nada existen términos medios. Una policía profesional, preparada para hacer frente a los diversos supuestos de desórdenes públicos y respetuosa con la ley, debe afanarse por impedir que se produzcan daños y situaciones ¡legales. Con la actuación por exceso o por defecto la sensación que se extiende entre los ciudadanos acaba siendo, en suma, una pérdida de seguridad civil que desacredita a los responsables de garantizarla.

Pero hay otros aspectos de la protesta estudiantil que merecen un comentario. Sorprende -por decir algo- el silencio que el Consejo de Universidades mantiene hasta ahora ante las reivindicaciones de los estudiantes, cuando resulta que la selectividad y el númems clausus fueron impuestos por este estamento. Un ejemplo es el reciente decreto ministerial por el que se legaliza la práctica implantada en algunas universidades y mediante la cual se cierra la lista de admitidos tras los exámenes de junio, suceda lo que suceda en septiembre.

Y sorprenden, de otro lado, las condiciones en las que se lleva adelante la huelga de los profesores estatales de enseñanza media contra el proyecto de Estatuto del Profesorado. Huelga que comenzó ayer y se prolongará hasta mañana. Aunque existen razones profesionales que pueden justificar el descontento de los profesores, la actual situación de abandono y descontrol en los Centros de enseñanza no parece la mejor para plantear un conflicto de tales dimensiones. Con su decisión de mantener la convocátoria, los profesores dan la impresión de que están tratando de rentabilizar -mediante la táctica del río revuelto- el caos servido por sus discípulos y que ya a estas alturas lo que menos importa, entre unas cosas y otras, es la pérdida de jornadas lectivas y el rendimiento mismo de la enseñanza pública.

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