El Gobierno modificará en marzo la ley del aborto

La incorporación del llamado cuarto supuesto, que incluye los motivos socioeconómicos, en la ley Despenalizadora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo está prevista para el próximo mes de marzo, según dijo ayer un portavoz del Ministerio de Sanidad. La modificación de la ley, anunciada el pasado miércoles por Julián García Vargas, ministro de Sanidad, estaba prevista para dentro de un año, pero el clima social creado tras las detenciones en centros de planificación familiar y procesamientos de los últimos meses ha aconsejado adelantarla, agregó el portavoz.

El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, anunció en una conferencia de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno estudia la introducción del cuarto supuesto (motivos socioeconómicos) en la ley despenalizadora del aborto.Los tres supuestos que incluye la ley vigente para abortar son: peligro para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo producido a resultas de una violación.

Según previsiones realizadas por la Administración, se esperaban unos 27.000 abortos anuales acogidos a alguno de estos tres supuestos, pero las dificultades encontradas para aplicar la ley redujo estos abortos a pocos más de 200. La causa social o económica fue el motivo aducido para abortar casi por el 100% de las 618 mujeres que abortaron clandestinamente en una clínica de Madrid entre el 18 de febrero y el 5 de abril de 1986.

Por ello, grupos feministas y colectivos profesionales, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación de Planificación Familiar, plantearon insistentemente la necesidad de modificar la actual ley. En octubre del año pasado, el Instituto de la Mujer remitió al Ministerio de Justicia dos borradores nuevos de leyes sobre el aborto.

Uno de ellos incluía el llamado "sistema de plazos", y el otro, la introducción de los motivos socioeconómicos. En el sistema de plazos se prevé la autorización de la interrupción del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, sólo con el deseo de la mujer; es decir, aborto libre hasta las 12 semanas. A partir de este plazo de tiempo, la indicación del aborto estaría sujeta a alguna de las tres indicaciones admitidas actualmente.

Constitucionalidad

Según manifestó el ministro Julián García Vargas, "la modificación de la ley se efectuará dentro de los límites de la sentencia del Tribunal Constitucional de abril de 1985 sobre el aborto". Éste es el motivo por el que el Gobierno ha desestimado el sistema de plazos -que sería rechazado por el Tribunal Constitucional-, optando por la introducción del "cuarto supuesto" en la actual ley. De hecho, en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto, tras el recurso presentado por Coalición Popular, se recoge la posibilidad de incluir ese cuarto supuesto.Según fuentes del Ministerio de Sanidad, estaba previsto realizar esta modificación dentro de un año y "mientras tanto preparar la red sanitaria pública para garantizar la gratuidad del 50% de las intervenciones". La negativa de muchos de los ginecólogos de los centros hospitalarios a realizar abortos ha sido una de las principales dificultades encontradas para aplicar la ley. Para garantizar la prestación de este servicio se está estudiando la posibilidad de que los abortos de bajo riesgo se realicen en los centros de orientación familiar (COF), dependientes del Instituto Nacional de Salud (Insalud), pero hace falta tiempo para que los equipos reciban la formación necesaria.