Movilizaciones en Andalucía y Extremadura contra el nuevo decreto del subsidio agrario

Los responsables de la Federación de Trabajadores de la Tierra del sindicato socialista (FTT-UGT) de las provincias andaluzas y extremeñas acordaron ayer convocar movilizaciones en el campo, en protesta por el reciente decreto que establece nuevos requisitos para acceder al subsidio agrario en 1988. La medida fue aprobada en el último Consejo de Ministros de 1986, y entró en vigor el pasado 3 de enero. Un portavoz de la reunión señaló que las movilizaciones, consistentes en principio en encierros en las sedes del Inem, afectarían a "miles de trabajadores del campo".En Extremadura, la totalidad de los cargos públicos del PCE en dicha comunidad autónoma (220, entre parlamentarios regionales, alcaldes y concejales) se encerraron ayer jueves en ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura en protesta por la nueva normativa, informa Pedro Jara desde Cáceres. Comisiones Obreras apoya los encierros y movilizaciones, mientras que UGT tenía previsto en la noche de ayer una entrevista con el presidente de la Junta de Extremadura de cara a concretar posiciones sobre las medidas a tomar.

El decreto eleva de 10 a 20 el número de peonadas anuales necesarias para acceder al subsidio agrario durante el año siguiente y señala que, al menos la mitad, se hayan cotizado al régimen especial agrario "expulsando a quien tuviera jornadas trabajadas en mayor número en faenas de interés comunitario rural, pero de carácter no agrario", según indica un comunicado de la comisión ejecutiva confederal de UGT. Otro motivo de la protesta es la reducción en un 12% de las inversionas del Plan de Empleo Rural para 1987.

Ahorro con los necesitados

La UGT confederal apoyó expresamente las movilizaciones, señalando que el decreto es una medida "tomada unilateralmente" por la Administración y que "no es eficaz para combatir el fraude". UGT pide al Gobierno que "no incurra en la aberración social de ahorrar unos millones a costa de los más necesitados". El pasado año, 243.638 trabajadores cobraron el subsidio, estirnándose que con esta normativa quedarán fuera unos 100.000 trabajadores, de los que más de 15.000 serían extremeños.En opinión de los sindicatos, las nuevas normas responden "a criterios economicistas de reducción de gasto público en gastos sociales", ha manifestado el secretario general de UGT de Badajoz, para quien el secretario de empleo del Ministerio de Trabajo, Álvaro Espino, "le ha metido un gol al ministro Chaves en claro fuera de juego".