Los precios del carbón térmico serán liberalizados para que bajen

El Gobierno proyecta liberalizar en un próximo Consejo de Ministros los precios de los carbones térmicos, para que la minería pública y privada los negocie directamente con las eléctricas, compradoras de cerca de los cerca de 200.000 millones de pesetas consumidos al año por sus centrales térmicas. Fuentes de la Administración y de la Junta Superior de Precios, que ayer emitió al respecto un informe favorable, consideran que así se presionará a la baja los precios de dicho carbón, lo cual moderará indirectamente las necesidades de subida de las tarifas eléctricas.La correspondiente propuesta del Ministerio de Industria y Energía obtuvo ayer el preceptivo informe del pleno de la Junta Superior de Precios, donde votaron en contra el representa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el del sindicato CC OO.

La motivación de la medida, según ha sido presentada ante de dicho organismo consultivo, consiste en la necesidad de adaptar el régimen de precios españoles del carbón térmico a las normas de la Comunidad Europea (CE).

Pero entre los vocales presentes en la reunión, a la que no asistieron los respectivos representantes de la patronal CEOE ni el del sindicato UGT, era patente la impresión de que la liberalización ha sido impulsada en las actuales circunstancias para que bajen los precios del carbón.

Costes para el empleo

Por ello, la propuesta no cuenta con el respaldo unánime de las empresas públicas y privadas que producen carbón térmico, tanto en minas de interior como en explotaciones de cielo abierto. Varios vocales de la Junta manifestaron que la normativa comunitaria no resulta incompatible con el mantenimiento del carbón térmico en el régimen de precios autorizados por el Gobierno, siempre que se salvaguarden los máximos permitidos.

En estas opiniones apoyaron sus votos particulares los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y del sindicato CC OO. El vocal de éste, Antonio Suárez, había sido advertido al respecto por la federación minera de su sindicato, según la cual la libertad de precios y la eventual reducción de los mismos como consecuencia de la fuerza negociadora de las eléctricas precipitará una reconversión de las empresas mineras, muy costosa en empleos.

Con la salida de dichos carbones de la lista de precios autorizados, el Gobierno controlará directamente poco más que las tarifas algunos servicios públicos, en especial los ejercicidos en régimen de monopolio.

El último paso liberalizador se dio en diciembre pasado, cuando se suprimió el citado control administrativo para los precios del azúcar, el papel Prensa y el aluminio, entre otros.

Los precios de los carbones térmicos solían subir a principios de año; en 1986, el incremento entró en vigor el 13 de febrero. Después eran revisadas las tarifas eléctricas, también sometidas a autorización administrativa. La importancia de los carbones sobre los costes del sector eléctrico era ulizada por éste para defender las subidas propias.