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ECOLOGÍA

Cinco plantas de tratamiento procesarán los residuos tóxicos

España dispondrá en los próximos cinco años de cuatro o cinco plantas de tratamiento físico químico, suficientes para almacenar, neutralizar o reutilizar, según los casos, los casi tres millones de residuos tóxicos y peligrosos que se producen anualmente en nuestro país. Estas plantas irán unidas a otros tantos depósitos de seguridad y a otras dos naves incíneradoras, según establece el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, cuyos detalles se ultiman en la actualidad en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con los encargados del medio ambiente de las comunidades autónomas.Este plan, de aplicación para todo el territorio nacional, desarrolla el artículo undécimo de la ley básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, publicada en el BOE el 15 de mayo de 1986, cumpliéndose así la exigencia comunitaria de homologar nuestra legislación medio-ambiental a la de los demás miembros de la CE. El Gobierno estaba obligado a dictar las normas para el desarrollo reglamentario de esa ley en el plazo máximo -ya superado- de seis meses.

El proyecto de Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos será enviado a la Comisión de Subsecretarios el próximo mes de febrero para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. A lo largo de 99 artículos, siete disposiciones transitorias, dos adicionales y una final, el reglamento enumera hasta un total de 29 productos diferentes que se consideman tóxicos y peligrosos, y regula las condiciones de recogida, envasado, almacenamiento, transporte y control de esos productos. El reglamento también establece de manera detallada las responsabilidades, infracciones y sanciones a las que se pueda dar lugar.

En las próximas semanas continuarán en el MOPU las reuniones, que se iniciaron el pasado noviembre, con representantes de los Gobiernos autónomos. Las comunidades de Cataluña y Madrid ya han iniciado sus propios planes de eliminación de residuos tóxicos.

Límites autonómicos

Según fuentes de la Administración, la aportación del Estado estará condicionada a la cantidad de residuos propios o ajenos -producidos en otra comunidad autónoma- que estén dispuestos a almacenar o reciclar. "La regulación de este problema no puede coincidir con los límites estrictamente autonómicos", sefialaron esas fuentes. "Desde el Gobierno se va a apelar al sentimiento de solidaridad que es imiprescindible en la política medioambiental".Las propias comunidades autónomas decidirán el lugar en que vayan a situarse los depósitos de seguridad. "Hay ya acuerdo con los Gobiernos autónomos para que esos depósitos de seguridad se sitúen lo más cerca posible de las plantas de tratamiento, con el propósito de evitar un mayor índice de riesgos y procurar un coste más reducido".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de enero de 1987