Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
DESAFÍO AL GOBIERNO FRANCÉS

Ceder o no ceder, el dilema de Chirac

El primer ministro francés afronta con vacilaciones y ambigüedades lo que puede ser la huelga crucial para su Gobierno

El movimiento huelguista de los trabajadores ferroviarios franceses, que ayer cumplió 18 días, se ha convertido en una nueva encrucijada de poder para el Gobierno conservador de Jácques Chirac, tras la dura batalla estudiantil de noviembre. Aunque algunas asambleas locales votaron ayer el regreso al trabajo, la Coordinadora Nacional Intercategorías, que dirige el movimiento, mantuvo la convocatoria de huelga a favor de un aumento lineal de 700 francos (unas 14.000 pesetas) al mes y la remuneración de los días de huelga, y ha hecho un llamamiento de manifestación para mañana, apoyada por las dos principales centrales sindicales: CGT y CFDT.

La huelga que mantienen los ferroviarios franceses desde el pasado 18 de diciembre lleva camino de convertirse en una encrucijada de enfrentamientos políticos y sindicales decisiva para el Gobierno conservador, que encabeza Jacques Chirac. Para el primer ministro francés, el envite lanzado por los huelguistas equivale a la huelga de controladores aéreos que zanjó Ronald Reagan con un despido en masa o a la gran huelga minera que fue desangrándose a lo largo de meses ante la inflexible posición de Margaret Thatcher.En las imágenes de Reagan y de Thatcher halló la derecha francesa la inspiración para el ensamblaje del programa electoral vencedor en las elecciones del 16 de marzo de 1986. Pero Reagan está prendido en la telaraña del Irangate y Thatcher ha arrastrado al Partido Conservador hasta un pozo de impopularidad, sin alternativas de recambio en su liderazgo. Chirac, en cambio, ha vadeado el primer tramo de la huelga de los ferroviarios gracias a una doble táctica de ambigüedades y concesiones que en nada se asemeja a la utilizada por sus ejemplos de comportamiento político.

La discusión hasta el día primero de enero se centraba en la escala de salarios. La compañía de los ferrocarriles (SNCF) quería organizar la tabla salarial en función de los méritos laborales, frente a los criterios de antigüedad reivindicados por los huelguistas. El Gobierno se limitó a indicar sus criterios generales de contención salarial -es decir, que la masa salarial no puede crecer por encima del 3% imprescindible para su política antiinflacionista- y a dejar en manos de la dirección de la compañía, y más tarde de un intermediario, la negociación de la escala salarial.

Dos tendencias se enfrentaron en esta primera fase en el seno del Gobierno: los duros, encabezados por el ministro delegado de Transportes, Jacques Doufiagues, que deseaban cerrar filas en defensa de la meritocracia, destinada a convertir la compañía de los ferrocarriles en una empresa competitiva, y los dialogantes, encabezados por el ministro del Equipamiento y de Transportes, Pierre Mehaignerie, dispuesto a realizar un esfuerzo de concertación con el único límite del techo salarial del 3%. El saldo del primer tramo de la huelga ha supuesto un revés para los duros, que deseaban convertir su escala de méritos en algo irrenunciable. Una hora antes de que terminara el año 1986, el intermediario entre huelguistas y empresa anunciaba que el proyecto de escala salarial había sido abandonado.

Las interpretaciones, tanto de la derecha como de la izquierda, fueron prácticamente unánimes: el Gobierno, una vez más, había cedido, sometido al síndrome del movimiento estudiantil victorioso y al equilibrio de fuerzas impuesto por la cohabitación entre un presidente socialista y un primer ministro conservador.

Presencia de Mitterrand

El presidente François Mitterrand ha ido espigando declaraciones a lo largo del conflicto, en clara demostración de su presencia en la vida política cotidiana.Primero solicitó a su primer ministro un esfuerzo para resolver el contencioso. Más tarde, en su discurso de fin de año, recordó la importancia de la paz social. El primer día del año recibió a una delegación de huelguistas. Jacques Chirac, con su imagen desgastada por el conflicto estudiantil y su retroceso en toda línea en las reformas sociales, ha quedado todavía más disminuido en esta fase del conflicto ferfoviario.

A su izquierda crece cada vez más la imagen de Mitterrand, que se perfila con energía como una apuesta ganadora para las presidenciales de 1988 o como gran personaje de la historia del socialismo francés en caso de que se retire de la escena política y pase su relevo presidencial, lleno de presagios victoriosos, a Michel Rocard.

Dentro de las propias filas conservadoras crece también la imagen de Raymond Barre, el primer ministro de Giscard d'Estaing, que nunca quiso creer en la cohabitación. Para los ministros de la Unión para la Democracia Francesa (UDF) -que tienen que sufrir los efectos de la cohabitación sin gozar del privilegio propio de la Asamblea para la República (RPR), de usufructuar el control del aparato del Estado-, la apuesta por Barre está hoy en el orden del día. La opción de Barre puede ser apoyada también por el Partido Republicano (PR) de Frangois Leotard, tras la ruptura de su noviazgo político con el RPR de Chirac, como consecuencia de la invasión de los medios de comunicación públicos por los neogaullistas, en detrimento de los liberales,del PR, y de, los enfrentamientos en el seno del Gabinete durante la movilización es tudiantil.

El acelerador del conflicto

En la nueva velocidad que ha tomado el conflicto, sin embargo, la relación de fuerzas puede cambiar. El acelerador del movimiento ha sido la actividad asamblearia de huelguistas en buena parte no sindicados. Ellos fueron los organizadores de un conflicto iniciado en forma de huelga salvaje y quienes consiguieron imponer directivas elegidas por las asambleas al margen de los sindicatos. Los dos grandes sindicatos de izquierdas, la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), no han tenido más remedio que subirse al caballo desbocado para intentar controlarlo. En ello se juegan su peso, específico en el sector ferroviario y su papel en la propia vida política francesa.La CGT, de tendencia comunista, desea ampliar el conflicto a todo el sector público en la semana próxima. Su objetivo: poner en cuestión la política eco-nómica del Gobierno, de desmantelamiento del sector público y de austeridad para los asalariados de las empresas nacionales. Su punto de mira no es únicamente la mayoría conservadora ahora en el Gobierno, sino también los socialistas, a los que corresponsabilizan de una política económica iniciada en propiedad con el Gobierno de Laurent Fabius. El diario comunista L'Humanité ha destacado recientemente, por ejemplo, que la polémica escala salarial meritocrática fue elaborada antes de las elecciones del 16 de marzo por los socialistas, y los sindicalistas de la CGT no han ahorrado críticas al presidente de la República, a quien corresponsabilizan de las decisiones del Gobierno en materia salarial.

La central de tendencia socialista, la CFDT, en cambio, se manifiesta contra la extensión del conflicto y plantea la necesidad de nuevas negociaciones. Las críticas a la política económica de Chirac de los sectores sociales que representa la CFDT afectan más al estilo de gobierno que al fondo de su política antiinflacionista. La faIta de concertación, el desprecio hacia la sociedad y el trato discriminatorio contra los trabajadores no electoralmente próximos al Gobierno son los argumentos de los socialistas frente a Chirac.

Si el conflicto se amplía, las posibilidades de que la última manga se juegue con las bazas en manos de la CGT y de Jacques Chirac aumentan. Si se mantiene en sus límites actuales, cosa harto difícil a estas alturas, los vencedores serán los sectores más moderados del Gobierno y los más moderados de la izquierda, es decir, los socialistas. El deterioro del conflicto, expresado en forma de divisiones en el movimiento, una tendencia a la reincorporación en algunos sectores, aparición de problemas de orden público y malestar creciente entre los usuarios, juega directamente en favor de Chirac y en contra de todas las fuerzas sindicales. Pero una prueba de fuerza entre el sector público y el Gobierno puede ser la ocasión, llena ciertamente de riesgos, para que los conservadores consigan la huelga simbólica, al estilo de Reagan con los controladores o de Thatcher con los mineros, que hasta ahora les ha sido negada. En cierta forma, el envite de la CGT juega con el riesgo de reforzar a Chirac en detrimento de los socialistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de enero de 1987