El Ejecutivo no cubrirá en 1987 las necesidades inaplazables expuestas por el poder judicial

El Gobierno no atenderá en 1987 las "exigencias mínimas y urgentes" de la Administración de justicia, expuestas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. La expresión de buenas intenciones o los términos vagos, dilatorios o insuficientes de la respuesta gubernamental decepcionaron a algunos vocales del consejo, partidarios de su difusión a la opinión pública, aunque la mayoría optó por silenciarla, en evitación de que trascienda una nueva fricción con el poder ejecutivo.

A diferentes cuestiones planteadas por el consejo sobre la dimensión excesiva de algunos tribunales colegiados, la creación de nuevos órganos judiciales o la ampliación de sus plantillas, el Ejecutivo se remitió a la futura ley de Planta y Demarcación [por la que se adecuarán los órganos judiciales a la actual distribución territorial y poblacional de España]. Según cálculos ministeriales, esta ley entrará en vigor en el primer semestre de 1989. La ley orgánica del Poder Judicial fijó su envío a las Cortes para antes del 3 de julio de 1986.El ministro prometió que todos los órganos judiciales creados entrarán en funcionamiento "antes de que finalice el primer semestre de 1987". En cambio, sobre la creación de nuevos juzgados y tribunales, indicó que el presupuesto para 1987 alcanzaba únicamente para 30 nuevos juzgados.

A propósito de los tribunales tutelares de menores, el consejo denunció que la titularidad de algunos de estos órganos jurisdiccionales corresponde a personas ajenas a la carrera judicial o que compatibilizan esta función con otro destino judicial y propuso arbitrar alguna fórmula urgente, advirtiendo que la situación actual incurre en "posible inconstitucionalidad". La respuesta ministerial fue que "sería aconse able" anticipar la adecuada regulación de su funcionamiento, hasta que se apruebe la ley de Planta.

Depósitos de detenidos

El consejo planteó al Gobierno que en muchas poblaciones, especialmente en las zonas rurales y alrededores de las grandes ciudades, los depósitos municipales de detenidos "mantienen un deficiente estado de conservación". Igualmente señaló que "se han detectado situaciones de permanencia excesiva de los presos preventivos en tales dependencias por la falta de agilidad de los mecanismos de traslado a las prisiones provinciales", que en muchos juzgados no hay salas adecuadas "para la estancia de los detenidos durante el tiempo que han de permanecer en el juzgado para la práctica de las correspondientes diligencias procesales" y que "hay quejas sobre la insuficiente dotación para manutención de presos y detenidos". Sólo este último punto mereció respuesta gubernamental, en el sentido de que la manutención "quedará seguramente establecida en la cantidad de 1.150 pesetas por preso y día".

El consejo censuró la insuficiente dotación presupuestaria para indemnizaciones a testigos en procesos penales, así como la ausencia de intérpretes y peritos adscritos permanentemente a los órganos judiciales, y señaló que estas carencias producen indefensión, demora o paralización de procesos penales. Propuso un régimen de contratos laborales, similar al utilizado para psicólogos y asistentes sociales en los juzgados de familia. El Ejecutivo contestó que se van a contratar 15 intérpretes de lenguas autonómicas y que para 1987 hay 20 millones de pesetas para pagar intérpretes de lenguas extranjeras, así como 40 millones ampliables para testigos y peritos.

También se expusieron al Gobierno la falta de libros adecuados y suficientes para el trabajo judicial y la conveniencia de un programa de creación de bibliotecas de obras doctrinales y de jurisprudencia en los órganos colegiados territoriales y en los decanatos. La respuesta fue que se ha aumentado el presupuesto por este concepto de cinco millones para 1986 a 75 millones para 1987 y que "es voluntad del ministerio que en cada Audiencia Provincial exista una buena biblioteca, dada la imposibilidad de que exista en cada órgano judicial".

El consejo calificó como de muy deficientes" las instalaciones para la práctica de diligencias de medicina legal (reconocimiento de lesionados u otras víctimas de delitos y práctica de autopsias) y denunció la falta de medios e instalaciones para el tratamiento inmediato de personas necesitadas de atención médica, especialmente adictas a drogas tóxicas en situación de abstinencia.

Justicia reconoció estas deficiencias y aceptó, para el futuro, la propuesta de creación de institutos regionales y provinciales de medicina legal y dio cuenta de la elaboración del reglamehto de médicos forenses. Los consejeros del poder judicial echaron en falta soluciones rápidas y concretas. "No se nos indicó", dijeron, "la cobertura presupuestaria de este capítulo para el próximo ejercicio". Algunos vocales del consejo estimaron igualmente propio de un "diálogo de sordos" la falta de una respuesta más concreta del Gobierno sobre la propuesta de acometer un plan de dotación de medios materiales para los juzgados de paz, que fue despachada con la manifestación ministerial de "la preocupación por su ftincionamiento".

A la denuncia del consejo, recogiendo las quejas de algunos titulares de órganos judiciales sobre la carencia de medios de transporte y la conveniencia de su adscripción a la función judicial en poblaciones populosas atendidas por una pluralidad de órganos judiciales, el ministerio se limitó a decir que deberá verificarse "que la utilización de los vehículos es eficaz, dado el alto coste anual que supone este servicio".

Medios de transporte

Justicia reconoció que no envía a los órganos judiciales con la debida puntualidad los fondos correspondientes a consignaciones dinerarias por salidas y otras actuaciones judiciales, así como dietas y otros gastos y manifestó su propósito de solucionar este problema para 1987. En cambio, no se pronunció sobre la afirmación del consejo de que, desde que se suprimieron las indemnizaciones por salidas pagadas por el justiciable, los asuntos se paralizan frecuentemente por "la resistencia en muchos casos ejercida por los funcionarios que ahora carecen de incentivo". La potestad disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde al Ministerio de Justicia.