Un juez de Soria repite una condena anulada por el Tribunal Constitucional

El magistrado-juez de instrucción de Soria Fernando Anaya Pérez ha reiterado un fallo condenatorio contra el periodista Antonio Hernández García, editor del periódico Soria Semanal, tras haber sido anulada por el Tribunal Constitucional una sentencia del mismo juez que contenía la misma condena contra la misma persona y por idéntico motivo: falta de respeto y consideración debida al alcalde de Soria, José Luis Liso Marín, elegido por Coalición Popular. El alto tribunal anuló aquella sentencia y amparó al periodista por entender que obró en el legítimo ejercicio de la crítica política.

Los hechos originarios de esta curiosa situación jurídica se produjeron el sábado, 14 de abril de 1984, cuando el periódico Soria Semanal publicó en la sección 'Fin de Semana-Humor' un artículo sin firma, del que se reconoció autor Hernández García. El artículo, que denunció el alcalde, versaba, por medio de un artificio literario, sobre un árbol plantado por la autoridad municipal y algunas supuestas irregularidades con el árbol como pretexto.El artículo incriminado contenía un diálogo imaginario entre el alcalde y su antecesor en el cargo, en el que figuraban frases como "te chupaste el sobrante de vía pública" y "tengo un sobrante entre las calles..., que a lo mejor te puede interesar". Celebrado juicio de faltas, el periodista fue absuelto, Por entender el titular del Juzgado de Distrito de Soria que el tono crítico y humorístico del artículo no contenía propósito deliberado de perjudicar la reputación o buena fama del denunciante, así como que el periodista hizo uso de su libertad de expresión con ánimo de crítica a una gestión pública.

El alcalde de Soria apeló contra esta sentencia y el juez de instrucción, por sentencia de 29 de marzo de 1985, condenó al denunciado "como autor de una falta del artículo 570.5 del Código Penal, falta de respeto y consideración debida a la autoridad, a la pena de 7.500 pesetas de multa, con arresto sustitutorio de cuatro días". El periodista condenado recurrió al Tribunal Constitucional, cuya sala primera, en una sentencia de la que fue ponente el presidente del alto tribunal, Francisco Tomás y Valiente, otorgó el amparo y, en consecuencia, anuló la sentencia de 29 de marzo de 1985.

El juez vulneró un derecho

Entre otros razonamientos, la sentencia del máximo intérprete de la Constitución recordó que el derecho a la información y la libertad de expresión garantizan "una institucion política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político". De ahí que el juez, "al omitir indebida e inexcusablemente de su enfoque tal derecho fundamental", dice el alto tribunal, "lo desconoció y al desconocerlo voluntaria y conscientemente lo vulneró, por todo lo cual su sentencia debe ser anulada".El alto tribunal reprochó también al juez no haber apreciado el contenido del artículo periodístico, su tono humorístico y "el hecho de afectar al honor del denunciante no en su faceta íntima o privada, sino en cuanto derivara sólo de su gestión pública como titular de un cargo representativo".

Notificada la sentencia del Tribunal Constitucional a las partes y en tramitación la devolución de la multa impuesta al condenado, el juez de instrucción de Soria, en una sentencia fechada el pasado 5 de diciembre, reitera el fallo anulado por el alto tribunal e insiste en condenar al periodista por falta de respeto y consideración debida a la autoridad a la pena de 7.500 pesetas de multa, con arresto sustitutorio de cuatro días, caso de impago..."

El juez admite haber conocido la sentencia del Tribunal Constitucional, pero estima que el amparo otorgado lo fue "por razones formalistas", por lo que justifica su nuevo fallo en impedir que quede "imprejuzgada la cuestión penal sometida en su día a la consideración de este juzgado". Saturio Hernández de Marco, abogado del periodista, considera la sentencia del juez Anaya como "novedad jurídica mundial" y anunció el propósito de su defendido de pedir otra vez el amparo del alto tribunal.