Una dura negociacion

NO PUEDE causar sorpresa que la delegación norteamericana, encabezada por el nuevo embajador Reginald Bartholomew, haya mantenido una posición negativa en la tercera ronda de negociaciones sobre la reducción de la presencia militar de EE UU en España; ha sido idéntica, en lo esencial, a la que defendió en las rondas anteriores; una posición amable pero intransigente.Si el futuro de las negociaciones se presenta con tintes sombríos no es porque hayan faltado concesiones españolas. EE UU ha obtenido ya no pocas de las cosas que más le interesan. Sin hablar del hecho en sí del ingreso de España en la OTAN, está la actitud española sobre la base de Rota, la mayor de las tres y la que reviste mayor importancia para las fuerzas navales norteamericanas; España acepta que Rota siga como está. Otra concesión importante es la "no urgencia" con que el Gobierno español plantea el tema, hablando de reducción "escalonada en el tiempo", lo que da a entender plazos de bastantes años; el convenio bilateral vigente estipula que, en caso de terminación del mismo, EE UU tendrá un año para retirarse. El nudo de la negociación es si EE UU está dispuesto a hacer público en los próximos meses que acepta desmontar sus bases de Zaragoza y Torrejón, retirando de ésta su ala de 79 aviones F-16, en un proceso gradual que podrá durar bastante tiempo. A esto Washington por ahora dice no.

Su argumento básico -la incapacidad de España de asumir todas las misiones que hoy realizan los aviones de EE UU- supone una negativa a aceptar que las relaciones bilaterales han cambiado con el establecimiento de la democracia en España y su ingreso en la OTAN. La actitud de EE UU no se puede justificar por exigencias de la defensa occidental; sólo se explica por su voluntad de conservar unas bases militares con vistas a su política en el Mediterráneo y en Oriente Próximo, fuera del ámbito que cubre el Tratado del Atlántico Norte. EE UU teme además que su retirada pudiese dar la sensación de que se resigna a una merma de su papel hegemónico.

El problema se presenta condicionado por la operación realizada por Felipe González para lograr en el referéndum sobre la OTAN el máximo de síes. Rodeó la pregunta de unas condiciones que gozaban de indiscutible popularidad, pero cuyo cumplimiento ulterior no fue estudiado seriamente. El PSOE, al llegar al poder en 1982, asumió en los hechos la política del Gobierno Calvo Sotelo, mientras a la vez prometía cambios. En el tema de la OTAN, la insistencia del Gobierno en que estamos fuera de la estructura "integrada" es un barroquismo ya casi insostenible. En realidad lo era antes del referéndum: España está en la estructura militar en un grado muy superior al de Francia. En cuanto a las bases, la mayoría socialista ratificó en las Cortes el convenio con EE UU tal como lo había firmado el Gobierno Calvo Sotelo, sin anunciar siquiera que negociaría un nuevo convenio cuando éste concluyera. No pocas dificultades actuales parten de esa decisión Inicial y de una utilización abusiva de la política exterior para fines interiores.

España tiene, en el tema de las bases, una baza teóricamente definitiva: si decidiera la no renovación del convenio, EE UU tendría que marcharse de las bases en 1989. El plazo para tal decisión es noviembre de 1987. Ante el bloqueo de la negociación, parece que el Gobierno ha empezado ya a esgrimir ese argumento, y no sólo mediante alusiones indirectas. Cuando Narcís Serra dijo en Bruselas que "la posición española está muy definida y es decisión del Gobierno español mantenerse firmemente en ella", se refería obviamente a la eventualidad de la denuncia. Está por ver la eficacia del argumento en los meses que nos separan de noviembre de 1987.