Huelga de hambre de 500 presos políticos o chilenos en protesta por la pena de muerte

Unos 500 prisioneros políticos de Chile iniciaron ayer una huelga de hambre indefinida en 32 centros penitenciarios del país para pedir que no se aplique la pena de muerte solicitada por un fiscal militar contra 14 detenidos, tres de los cuales ya fueron sentenciados por un juez militar. Los presos piden también mejores condiciones de encarcelamiento, el fin a los procesos secretos y que terminen las irregularidades de la justicia militar.

La huelga de hambre comenzó casi sin haberse declarado, el pasado lunes, cuando en Santiago los prisioneros se negaron a comer. Por la tarde, los detenidos en provincias se sumaron y se abstuvieron de cenar. La Agrupación de Presos Políticos de Santiago envió una carta al obispo Bernardino Piñera, presidente de la Conferencia Episcopal, en la que le pedían solidaridad con sus reivindicaciones y le decían que Chile "no puede estar dividido entre un pueblo encarcelado y un pueblo libre" a cuatro meses de la visita del Papa.Cartas semejantes fueron enviadas a otros seis obispos, al Papa, a sacerdotes católicos, a dirigentes políticos, sindicales, profesionales, a organismos internacionales y a las embajadas de países occidentales, entre ellos España.

La huelga de hambre es la más numerosa realizada durante el régimen militar. Se desencadenó como la primera medida de presión después de que el juez militar de la capital, general Samuel Rojas, condenara la semana pasada a la pena capital a Hugo Marchant, Jorge Palma y Carlos Araneda. Los tres procesados son militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y fueron acusados de asesinar al general Carol Urzúa, intendente (gobernador) de Santiago, y dos de sus escoltas, en un atentado perpetrado el 30 de agosto de 1983.

Aunque la Iglesia católica rechaza las huelgas de hambre indefinidas porque atentan contra la vida de quienes las realizan, le resultará dificil ignorar ésta, en momentos en que está preparando la visita del Papa, prevista para abril próximo. Al régimen, este tipo de manifestaciones no le hacen mella. Huelgas anteriores de familiares de detenidos desaparecidos y de presos políticos no han sido oídas.

Los diarios chilenos ignoraron el tema ayer, pero una autoridad lo tomó en cuenta. En Punta Arenas, 2.000 kilómetros al sur de Santiago, el intendente local, general Luis Danús, que debe abandonar el Ejército este mes, recibió a familiares de tres detenidos políticos en esa ciudad.

Las 14 personas sobre las cuales pesa una petición de pena de muerte -dos de ellas son mujeres- son militantes del MIR, y están acusadas de participar en cuatro atentados entre 1980 y 1983. Abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos creen que la justicia militar hará la misma petición contra los cinco acusados de participado en el ataque a Pinochet. Cerca de 40 personas están detenidas en relación con ese atentado y con el descubrimiento de seis arsenales clandestinos.

Los defensores critican a la justicia militar por carecer de independencia. "En el caso del atentado presidencial [el 7 de septiembre], Pinochet actúa como juez y parte. Como comandante en jefe, designa al juez militar, y éste al fiscal, para llevar una causa en que el propio Pinochet es el afectado", dijo el abogado Salvador Zegers, quien defiende a uno de los condenados a muerte y a un acusado de participar en el ataque contra el presidente.

Otro abogado, Alfonso Insunza, denunció que ni ellos ni sus defendidos pudieron conocer el texto íntegro del fallo que les. condena a muerte, que se basa en una ley promulgada con posterioridad a los hechos.

[La Asociación Pro Derechos Humanos de España, ante las recientes condenas a muerte dictadas por el tribunal militar chileno, ha formulado un urgente llamamiento a la opinión pública internacional y ha solicitado al Gobierno español que tome las medidas diplomáticas necesarias para evitar la ejecución de las sentencias.]