Los centros de planificación de Madrid pararon ayer en protesta por las detenciones

La totalidad de los centros de planificación familiar de Madrid, tanto públicos como privados, paralizaron ayer sus actividades en protesta por las recientes detenciones y encarcelamientos de médicos y personal auxiliar acusado de presuntas prácticas abortivas. La protesta se dirige también contra la actuación del juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que hoy tomará declaración a las más de 100 mujeres cuyas fichas médicas fueron requisadas en los centros de planificación familiar de Madrid en los que se llevó a cabo una redada el pasado día 20 de noviembre.

El personal sanitario de estos centros de planificación familiar realizó una concentración ante los juzgados de la Plaza de Castilla a partir de las 11.00 de la mañana en solidaridad con los detenidos y encausados en los últimos procesos por aborto. Tras esta manifestación se produjeron 62 nuevas autoinculpaciones del personal sanitario.La declaración que presentaron las autoinculpadas fue la siguiente: "Las abajo firmantes informan a las usuarias que lo demandan de la normativa legal vigente en materia de aborto y las derivan para que les pueda ser realizada la prestación demandada a centros públicos si procede o a centros privados, estén éstos fuera o en el interior de nuestro país, por considerar el aborto una prestación básica de la salud de las mujeres".

La protesta de los sanitarios de estos centros se ha basado en la presunta violación por parte del juez Carlos Valle del derecho a la intimidad de las pacientes tras la incautación policial de sus historiales clínicos y porque lo consideran un atentado contra el secreto profesional de los médicos.

La Asociación de Planificación Familiar de Madrid, convocante de estos actos, ha informado a las usuarias de los centros de planificación del derecho constitucional que les asiste a mantener silencio ante el juez, preservando así su derecho a la intimidad. Los sanitarios que se manifestaron ayer acordaron no realizar más historias clínicas de sus pacientes mientras no se garantice la inviolabilidad de las mismas.

Derecho constitucional

En parecidos términos se manifestaron ayer los abogados de los cinco médicos que todavía permanecen detenidos en Madrid. Dichos letrados han decidido prestar asistencia a las mujeres que han sido llamadas a declarar e informarles del derecho constitucional que tienen a guardar silencio ante el juez.Los abogados decidieron también, tras una reunión conjunta, exigir estar presentes en todas las diligencias judiciales y que las declaraciones las tome el propio juez. Para algunos de estos letrados el juzgado número 14 podría quedar colapsado para otros asuntos si se llevan a cabo las declaraciones ante el juez de todas las mujeres citadas para hoy.

Fuentes de la defensa calculan que hasta el momento Podrían ser 160 las mujeres llamadas a declarar o a las que se les ha enviado un exhorto judicial por residir fuera de Madrid. En el juzgado 14 de Madrid tendrán que pasar a declarar a partir de las 9,30 de la mañana de hoy cinco mujeres cada diez minutos.

Los abogados de los cinco médicos que permanecen todavía detenidos no descartaban ayer la posibilidad de presentar "las demandas que procedan ante la actuación del juez Carlos Valle".

Los defensores de una de las detenidas, Paula Monmeneu, dijeron a Efe que su desacuerdo con la actuación judicial se basaba en la puesta en libertad de todos los hombres que se encontraban en los centros de planificación familiar cuando la policía realizó la redada. Según estos letrados, los delitos de aborto involucran tanto a las mujeres como a los hombres, por lo que la puesta en libertad de éstos, bien es una negligencia del juez o una actuación manifiestamente injusta hacia, las mujeres detenidas.

Por su parte la Comisión Pro Derecho al Aborto de Madrid ha montado un centro de información en el que se distribuye un impreso para ser firmado por las mujeres que tenían ficha médica en alguno de los centros intervenidos por la policía. En esta impreso se solicita al juez que se entregue el historial clínico intervenido por entender que lo que en él se contiene afecta exclusivamente a la intimidad del paciente.