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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Autodeterminación

No es demasiado afortunada que digamos la forma en que Solé Tura, en su reciente colaboración, Autonomía y autodeterminación (24 de noviembre), pretende introducirnos en tan delicado asunto, apelando, inicialmente, a modo de paradigma de izquierdas, al ejemplo de Nicaragua y su problemática relación con los indios miskitos.Cabe suponer que el renombrado constitucionalista difícilmente abogaría por una restricción a las libertades políticas, similar a la que en la actualidad rige en Nicaragua bajo la excepcional situación creada por la amenaza de la contra, en el contexto de España. Como también resulta un tanto impensable que Solé Tura asimile sinceramente las coordenadas políticas de ese país centroamericano, atenazado por la miseria y la presión militar, a las que caracterizan el marco político europeo. A no ser que, subrepticiamente, pretenda deslizarnos por la idea de una potencial conjura internacional, susceptible de instrumentalizar un hipotético derecho a la autodeterminación (o su ejercicio), vigente en algún punto del Estado. En este caso, no estaría de más que nos orientara de dónde provendrían los (o el) presuntos países instrumentaliz adores.

Si bien, como apunta Solé Tura, para ciertas fuerzas políticas -la "llama de la autodeterminación" encubre operaciones políticas de diverso signo, o bien se instala en un horizonte político irrenunciable (que diría el señor Garaikoetxea), habría que preguntarse entonces en virtud de qué consideraciones este objetivo, de naturaleza digamos que ideológica, ofrece tanta mordiente electoral, puesto en primer plano (caso de las elecciones vascas, a punto de consumarse), y no otro tipo de elementos que apunten marcadamente hacia formulaciones liberal-conservadoras o socialitas-comunistas de sociedad.

Quizá rastreando en las torpezas de una determinada conducción del proceso autonómico, apuntalado por una concepción meramente descentralizadora de la maquinaria estatal y con escasa vocación de resolver contenciosos históricos, hallemos alguna respuesta para tan profundo calado social de la reivindicación nacionalista y el vértigo que suscita su potencial desplazamiento hacia un más allá constitucional.

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Lo que, en todo caso, resulta desorientador y escasamente clarificador es realizar trasposiciones geopolíticas carentes de sustentación, hacer apelación a calificativos de peligrosidad hacia un supuesto jurídico-político, que debería ser encarado sin convertir hechos históricos transformables en sagradas quintaesencias constitucionales. Como se corresponde a un cierto grado de madurez democrática.-

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