El triunfo de la hipocresía

Nadie se ha atrevido a negar que la inmensa mayoría de las españolas que desean abortar lo hacen fuera de los supuestos que son de aplicación en la ley del aborto actualmente en vigor. Aunque la cuantificación resulta casi imposible, las diferentes encuestas señalan que sólo un 5%10% de los casos de abortos estarían cubiertos por la ley actual. Esta contradicción se ha señalado de manera continua por las organizaciones de mujeres y por los profesionales progresistas, que sabemos que el aborto es un verdadero problema de salud pública, y que la actual legislación es una de las fuentes de mortalidad y de graves complicaciones en las mujeres de edad fértil.El decreto que acaba de aprobarse parece intentar desconocer esta realidad. Si bien tiene algunos aspectos positivos (la desaparición de las comisiones de evaluación y la diferenciación entre los abortos realizados antes y después de las 12 semanas), a la vez mantiene prácticamente intacta la situación anterior, por lo que el hablar de flexibilización o de liberalización respecto a la práctica de abortos en nuestro país es absolutamente irreal. Al tratarse de un real decreto, la legislación anterior permanece íntegramente en vigor, y los tres supuestos establecidos en ella (riesgo para la salud de la madre, malformaciones congénitas del feto y violación) siguen siendo los únicos motivos legales para abortar. Es decir, el 90% de los abortos siguen siendo ilegales y, por tanto, sometidos a la acción de los tribunales.

Desconocimiento

Quienes intentan convencer nos de que se ha liberalizado la práctica del aborto, o desconocen la realidad, o simplemente mienten, o intentan que una situación de menor control sea aprovechada para incluir como legales a casos que están evidentemente fuera de la ley. Los dos primeros supuestos no merecen mayor comentario. El último significaría un acto de absoluta hipocresía, al no querer afrontar las necesidades reales del problema ni la necesaria rectificación de sus anteriores actuaciones.

En un Estado democrático y de derecho, tal como lo define la Constitución española, las leyes están para cumplirse, y es el deber de la Administración, cuando no se ajustan a las necesidades sociales, el promover una nueva legislación que sí lo haga, no el buscar recovecos que permitan el fraude, teniendo en cuenta además que éstos continuarán dejando a la problemática del aborto en una situación de semiciandestinidad.

En esta coyuntura, resulta curioso el especial celo que se está demostrando con los médicos acusados de practicar abortos. Que los sectores reaccionarios les tengan encono, es natural, puesto que rompen con la imagen estereotipada de que todos los médicos rechazan el aborto; menos comprensible es la postura de los tribunales, ante los que médicos y mujeres son responsables por igual y menos aún el olvido que, a la hora de prometer indultos, hace de ellos la Administración. Parece como si esta última estuviera molesta de que algunos médicos, con su intervención decidida, estén rompiendo esa imagen que le resultaba tan cómoda de que todos los médicos estaban contra el aborto y que justificaba su incapacidad para encarar el problema.

Hoy, muchas personas pueden preguntarse si existen en nuestro país tantos médicos partidarios del aborto (desde posturas progresistas), porqué la Administración no fue capaz de resolver los abortos incluidos en los estrechos márgenes de la ley, si con sólo contratar a algunos de ellos el problema estaría resuelto. Cuando se aprobó la ley de interrupción del embarazo, actualmente en vigor, señalamos que el problema seguía pendiente, y que había que abordar soluciones serias. Ahora sucede lo mismo. Aunque dejemos de lado los problemas que puede tener para las mujeres el acogerse al supuesto de "peligro para su salud mental" o incluso la misma persecución judicial, el problema insoslayable es que es preciso acabar con tanta hipocresía y que hay que dar carta legal al fondo de la cuestión: el derecho de las 100.000 españolas que anualmente abortan a hacerlo en nuestro país, en unas condiciones sanitariamente adecuadas, sin humillaciones ni discriminaciones, y a que por ello no puedan ser detenidas ni encarceladas. Ello supone la necesidad de una nueva ley que establezca un sistema de plazos que asegure su cobertura por el sector sanitario público, y que vaya acompañada de una regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.