Más vale tarde...

LA DECISIÓN de dotar a los musulmanes de Ceuta y Melilla de un documento nacional de identidad provisional por el tiempo de un año, mientras tramitan la adquisición de la nacionalidad española, puede ser indicio de que, finalmente, la Administración española parece decidida a actuar sobre los acontecimientos.Si ello es realmente así habrá que felicitarse, aunque la tarea se revele dificil tras las torpezas cometidas en el pasado. Pero ya dice el refrán que más ' vale tarde que nunca. Ahora, la iniciativa de la Administración española se encuentra frente a un Aornar Mohamedi Dudú reforzado en su liderazgo entre los musulmanes tras su dimisión como asesor del Ministerio del Interior. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, no ha podido menos de ironizar sobre quien tuvo la "brillante idea" -ha dicho- de colocar con sueldo administrativo a este líder musulmán ambiguo y escurridizo. Esta brillante idea, que nosotros sepamos, se le ha debido ocurrir a Felipe González, que preside el Consejo de Ministros, o a José Barrionuevo, de nombramiento directo de Felipe González.

En las circunstancias actuales, la Administración se ve obligada a encontrar un nuevo interlocutor válido entre los musulmanes tras considerar que, con sus piruetas, el propio Dudú se ha invalidado como interlocutor. Búsqueda que se hace más ardua y arriesgada porque, aunque la nueva elección fuera acertada -y no digamos si no lo fuera-, existe ya el peligro de radicalización del colectivo musulmán bajo el liderazgo de un Dudú marginado y enardecido. En cualquier caso, al interlocutor han de designarle los propios musulmanes, y si éstos optan definitivamente por Dudú, lo mejor sería no agredirle más desde el Gobierno.

La atención en Melilla se ha concentrado en una especie de pulso personal entre el delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, y el propio Dudú. La manifestación convocada por los musulmanes m elillenses para el próximo sábado puede convertirse en un plebiscito a favor de Dudú y en contra de la posible designación de otro portavoz que los represente ante el Gobierno. En esta tesitura, a la Administración sólo le queda una salida: poner en marcha una política de igualdad constitucional, que cobije a todos los habitantes de Ceuta y Melilla, sean éstos católicos, musulmanes, judíos o protestantes. Las medidas ahora anunciadas de dotar de un DNI provisional a los que estén tramitando la adquisición de la nacionalidad española o de un documento de residencia renovable cada 10 años para los que no deseen dicha nacionalidad pueden ser el comienzo de esta política. Pero con eso no llegará el final del problema. Ceuta y Melilla merecen un debate abierto, político e institucionál en nuestro Parlamento, unas negociaciones con Marruecos que garanticen el futuro de ambas plazas y un tratarniento económico inteligente. Para que eso se haga como es debido hace falta pacificar el ambiente de ambas ciudades. Y sólo habrá paz si se acaba con cualquier discriminación.