Chernobil navega por el Rin

EL FANTASMA de la catastrofe de la central nuclear soviética de Chernobil ha vuelto a planear sobre los países de Europa central. Una ola de envenenamiento ha invadido al río Rin desde Basilea (Suiza) hasta su desembocadura en Holanda, como resultado del incendio de un almacén de productos tóxicos perteneciente a la empresa química Sandoz, ubicada en las riberas del río a su paso por la ciudad suiza.Las circunstancias en las que se ha producido este desastre ecológico vuelven a plantear, como en Chernobil, la responsabilidad de los poderes públicos y de los dirigentes empresariales en la adopción y cumplimiento de sistemas de control y seguridad que eviten estos acidentes. La empresa Sandoz disponía de un informe que alertaba sobre los graves efectos que provocaría un incendio, pero, por razones de economía, no adoptó ninguna medida de prevención. Ahora, las industrias del sector químico temen que surja un frente contra sus intereses, alentado por los núcleos del (Ecologismo activista. La correlación entre las actuaciones negligentes de los responsables públicos o empresariales, que tienen graves repercusiones en la naturaleza, y la reacción, a veces airada, de los grupos ecologistas, no solamente se pone de manifiesto en este caso de envenenamiento de toda la fauna del Rin. Recientemente, se ha hecho visible el mismo fenómeno en el caso del hundimiento de dos barcos balleneros islandeses por el grupo ecologista radical Sea Shepherd (Pastores del Mar), en represalia por el incumplimiento de Islandia de la moratoria de cuatro años en la captura de ballenas -moratoria acordada por la Comisión Ballenera Internacional(IWC)-.

El método utilizado por este grupo, calificado por el Gobierno de Relkiavik de terrorista, no tiene justificación y debe ser condenado, pero tampoco la tiene el incumplimiento de un convenio internacional por parte de las autoridades islandesas. De la misma manera que la falta de adopción de las medidas de control y seguridad por parte de la factoría de Sandoz en Basilea no es menos condenable que las reacciones que su negligencia pudiera producir, aun las de naturaleza violenta. Las instituciones estatales disponen de medios legales para condenar las actuaciones delictivas de los particulares, y el Gobierno de Relklavik ya ha anunciado que "hará todo lo necesario" para llevar a los tribunales a los responsables del grupo Sea Sheplierd. La cuestión es saber quién lleva a los tribunales al Gobierno islandés por incumplir la moratoria.

Si en el caso islandés parece claro el incumplimiento de un convenio internacional, en el de la factoría de Sandoz aparecen indicios de una actuación claramente negligente de las autoridades suizas. El Gobierno helvético deriva la responsabilidad sobre las autoridades de Basilea, a la vez que los países ribereños del Rin se quejan de no haber recibido con la debida prontitud la información sobre el siniestro.

Es cierto que en este caso los efectos de la muerte invisible y prolongada de la fauna del Rin tardaron un cierto tiempo en hacerse notar y ello puede explicar la reacción tardía de las autoridades de Berna. Pero, al mismo tiempo, esta tragedia ecológica y sus dimensiones hacen tambalearse la imagen de seriedad y responsabilidad que desde este lado de los Pirineos se proyecta con facilidad sobre todo el sistema de protección del medio ambiente en países como Suiza, limpios como una patena, pero menos cuidadosos para no ensuciar la casa del vecino.

Esta situación obliga a poner en cuestión la eficacia de las administraciones públicas en la protección y conservación de los recursos naturales. Si un ecologismo radical, de carácter místico, que niega cualquier tipo de explotación de la naturaleza, no es admisible en nombre del progreso, tampoco lo son las políticas culpables o incapaces de prevenir los desmanes y saqueos de los recursos que son patrimonio de todos los hombres.