Un juez de Tenerife ordena el secuestro de un folleto sobre planificación familiar

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Alonso Mañero, ha ordenado el secuestro de un folleto sobre la planificación familiar editado por el Gobierno autónomo canario. Dicha medida es consecuencia de una demanda presentada por dos vecinos que consideran que el folleto lesiona su honor, su intimidad personal y familiar y su propia imagen."La retirada del folleto ha supuesto un pequeño disgusto para quienes trabajamos en este programa", señaló el ginecólogo Fernando Marín, del equipo coordinador de la experiencia. "Nos propusimos utilizar un lenguaje sencillo, que fuera asequible a todas las capas sociales, para orientarles sobre cómo evitar los hijos no deseados y acerca de los métodos anticonceptivos a su alcance", añadió.

La publicación objeto de la polémica, Notas de familia, había sido publicada por la consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social como material didáctico con el fin señalado. En la misma, los textos, con vocabulario directo, estaban ilustrados con unas seis fotografías obtenidas a principio de siglo, pertenecientes al álbum familiar de los demandantes. Algunas de las personas que aparecen en las instantáneas se encuentran vivas.

Los denunciantes, que pertenecen a una familia conocida en la isla, han preferido mantenerse en el anonimato. Su abogado, Edmundo González Hernández, ha solicitado al juez que condene al Gobierno autónomo y, concretamente, a la citada consejería al abono de una indemnización de 15 millones de pesetas a favor de sus clientes por lo que califica como "una intromisión ilegítima en la esfera personal" de sus representados, "con existencia de perjuicios para los mismos".

La demanda, tramitada por el procedimiento civil, se basa en las leyes orgánicas de 5 de mayo de 1982 y de 26 de diciembre de 1978, esta última referida a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

"El folleto fue retirado por la propia consejería antes de que la denuncia entrara en el juzgado, al conocer el revuelo que había levantado entre las personas que se consideraban afectadas", declaró la directora general de Salud del Gobierno de Canarias, María Luz Acevedo. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo estudian una respuesta legal a la denuncia.