Las polémicas reformas de Albin Chalandon

Los guardianes de las prisiones francesas irán hoy a la huelga para manifestar su oposición al proyecto del ministro de Justicia, Albin Chalandon, de privatización del sistema carcelarió. La huelga fue convocada la pasada semana, simultáneamente a la publicación del dictamen del Consejo de Estado contrario al proyecto de Chalandon. El ministro de Justicia, a pesar de la oposición de la alta institución, ha decidido seguir el camino de la privatización carcelaria. -El próximo miércoles está prevista su adopción en, Consejo de Ministros.

Liberal, en la gestión de las cárceles, con la vista puesta en Estados Unidos -donde, paradójicamente sólo el 1% de las cárceles es privado, y en cualquier caso, a título experimental-, pero nacionalista francés, halcón en el tratamiento penal de la droga y balbuciente partidario de la pena de muerte, Chalandon aparece como una síntesis de las ideas y de los tics neoliberales,y autoritarios del Gobierno de Chirac, pero quizá también como su quebradiza punta de lanza.Las cosas no andan muy bien para este ministro de 66 años, gaullista de la segunda generación -es decir, pompidouista-, convertido al libera lismo carcelario con Jacques Chirac, pero con experiencia privatizadora en el terreno de las autopistas bajo la presidencia de Georges Pompidou, cuando, ocupaba la cartera de Transporte y Vivienda. En el plazo de una semana, dos proyectos que llevan su firma han recibido el suspenso del Consejo de Estado. Primero, el nuevo código de la nacionalidad, que le valió también una reprimenda del presidente de la República, Francois Mitterrand, y luego la privatización, de las prisiones.

Prerrogativa pública

En este último caso, la alta institución sostiene que el Estado no puede dejar en manos privadas el ejercicio de una prerrogativa esencial de los poderes públicos como es la ejecución de las penas impuestas por los tribunales. El dictamen del Consejo de Estado es un trámite obligado, pero no vincula al Gobierno. Sus argumentos, sin embargo, condicionan el futuro de la ley en cuestión, por cuanto pueden actuar como premonición de un dictamen negativo del Consejo Constitucional.Albin Chalandon ha criticado en distintas ocasiones los dictámenes de ambos organismos con el argumento de que estos altos tribunáles estaban politizados y tendían a constituirse en una nueva instancia parlamentaria. La misma semana pasada, Chalandon ha visto recortado por su jefe de partido y primer ministro, Jacques Chirac, su ambicioso proyecto de cárceles-negocio, y, ha tenido que conformarse con 15.000 plazas de prisión, en vez de las 25.000 soñadas inicialmente.

Quince días antes había sometido al Gobierno y al Parlamento a una maniobra calificada por la oposición como de auténtico chantaje, que creó el desconcierto y la división en las propias filas de la mayoría.

El gabinete del ministro de Justicia anunciaba el día 27 de octubre que entre 5.000 y 8.000 presos iban a ser liberados por falta de espacio en las cárceles. Aunque poco después, el ministro aseguraba, para calmar las iras desencadenadas entre los diputados de la propia mayoría, que se trataba de "una medida detestable", declaraciones posteriores permitieron observar que se trató de un globo-sonda destinado a presionar en favor de su proyecto.

Escándalos e iras

Albin Chalandon, sin embargo, parece acostumbrarse a los escándalos. En su todavía breve paso por Justicia ha conseguido excitar los ánimos de toda la asistencia y sanidad especializada en toxicomanías con su nueva legislación de represión de la drogadicción. En ella, los usuarios se convierten en delincuentes y tienen que elegir entre la curación o la cárcel. Con la ley sobre la nacionalidad ha levantado las iras de las asociaciones de inmigrantes, antirracistas y de toda la izquierda francesa en general. Los obispos católicos y otros representantes religiosos han manifestado su preocupación por los nuevos peligros de discriminación que comporta.Como remate de su edificio ideológico, Chalandon manifestó, con motivo de la ola de atentados de septiembre, que "si el terrorismo continúa, hará falta quizá pensar en restablecer la pena de muerte". Francia firmó, por decisión de Mitterrand, en abril de 1984, el protocolo número 6 adicional a la Convención Europea de los Derechos del Hombre, que compromete a los países firmantes a no restablecer la pena de muerte. En el caso francés, como mínimo hasta 1990 no podría ser votada una propuesta de ley en este sentido. Chalandon ha afirmado, sin embargo, que bastaría con que se considerara el terrorismo como una situación asimilable al estado de guerra para que se pudiera plantear el restablecimiento de la pena capital.