El Gobierno vasco inaugura una representación oficiosa ante la CE
El Gobierno autónomo vasco inauguró ayer en Bruselas los locales de una representación oficiosa ante la Comunidad Europea (CE) amparada con el nombre de Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI).El vicepresidente vasco, Javier García Egocheaga, que se desplazó a la capital belga para la ceremonia inaugural, confirmó ante la Prensa que la nueva oficina "está al servicio de Euskadi y no sólo de su sector público sino también de sus empresarios y de sus ciudadanos".
Egocheaga, al que acompañaba una delegación de 40 personas entre las que figuraban consejeros del Ejecutivo autonómico y empresarios, aseguró que su "propósito no era de interferir ni de sustituir a nadie, y menos al Estado, sino de cooperar al interés general". El vicepresidente describió la creación de la oficina "como una operación de suma y no de resta" a la que la Comisión Europea ha dado su apoyo".
Intereses vascos
La nueva sede de SPRI, reconoció, sin embargo, Egocheaga, ha sido abierta para mejorar "la defensa de los intereses específicos vascos" en el contexto europeo y recordó poco después que de los 77 proyectos cuya candidatura para la obtención de ayudas comunitarias en 1987 fue presentada por el Gobierno autónomo, el Gobierno de Madrid sólo seleccionó 39.
En anteriores ocasiones Xabier Arzallus, presidente del PNV, ha acusado al ejecutivo socialista de orientar fuera del País Vasco las subvenciones y créditos de la CE.La oficina de SPRI estará dirigida por José Luis Aguiriano y contará con cinco colaboradores especializados en relaciones públicas y asuntos económicos y jurídícos encargados del seguimiento, sin participar en ningún organismo comunitario, de los temas tratados en la Comunidad Europea que puedan afectar a Euskadi.
A finales de mes será también inaugurada en Bruselas por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, una representación del Patronato Catalán Pro Europa, que dirigirá Joan Pijoan y que será el equivalente catalán del SPRI vasco.
Los intereses de la comunidad gallega están, por su parte, en manos de un grupo de presión privado.
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