¿Cuánto Estado nos sobra?, ¿cuanto Estado nos falta?

La ola de neoliberalismo que nos invade no es necesariamente perniciosa en un país como el nuestro.Pero algunas de las peculiaridades con que se manifiesta entre nosotros obligan a dedicarla un examen minucioso y, yo diría, desconfiado. Porque corremos el riesgo, tal como la mercancía nos viene ofrecida, de vernos obligados a descubrir una y otra vez el Mediterráneo y a tener que aceptar como buenas medias verdades que, como todo el mundo sabe, son peores que las mentiras completas.

Somos herederos de un Estado que desarrolló, desde fines del siglo pasado, cierta doctrina de intervención en la vida social, en la que, junto a las tradicionales funciones de defensa de un determinado orden social, y por tanto jurídico y de relaciones de propiedad, fue cobrando cada vez más importancia la de máximo responsable de lo que con los años (los felices sesenta) acabaríamos llamando el desarrollo económico. O, en otras palabras, la de máximo responsable del desarrollo de un capitalismo nacional que, justo en aquellos años, genera una filosofía proteccionista a ultranza que no es sino la otra cara de la moneda de la nueva concepción, llamémosle posliberal, del Estado.

El instrumento inicial de aquella filosofía es naturalmente el arancel. Pero, con el tiempo, todos los instrumentos de la acción estatal clásica, desde el impuesto hasta el presupuesto de gastos, o los mecanismos de control administrativo tales como las autorizaciones y registros, terminan por constituir una verdadera panoplia, ofensiva y defensiva, al servicio de la nueva concepción del Estado y de la economía.

La apoteosis del modelo llega con las dos dictaduras que llenan, juntas, la mitad de lo que llevamos de siglo. Y aunque se trata de una evolución que no es ajena a lo que sucede por las mismas fechas en el entorno europeo, la excepcional duración de la dictadura de Franco prolonga entre nosotros la vigencia de aquel modelo cuando éste hacía tiempo que estaba caduco en toda Europa.

La campana

En efecto, la campana que anuncia el final de ese modelo político y económico suena en Europa con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los fascismos y las consecuencias que los Estados Europeos sacan de ella. Y entre ellas, de modo fundamental, la creación de un espacio político supranacional en cuyo interior las trabas administrativas y políticas al libre movimiento de capitales y mercancías estaban llamadas a desaparecer; la libre circulación de los ciudadanos y de los trabajadores era desde luego mirada con mucho menos entusiasmo.

La prolongación de la vida física y política de Franco, por obra de la naturaleza y también del pánico -luego se ha visto que injustificado- de la derecha española a lo que pudiera venir después, retrasó hasta 1977 y siguientes un proceso de desregulación que había sido llevado a cabo, por recordar algunos ejemplos, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi y en el Japón imperial, de la mano de las autoridades aliadas de ocupación.

Es España ha sido un camino necesario recorrido tanto por los ministros de UCD como por sus sucesores socialistas en el área económica.

Ésa era verdaderamente la parte de Estado que nos sobraba, pero no era necesario (¿o tal vez sí?) el fervor neoliberal-reaganiano para mostrárnoslo.

Ese fervor ha impedido en cambio a nuestros neoliberales reconocer otra parte de la realidad que tiene una importancia similar para las perspectivas de transformación y progreso en España, tanto en el plano económico como en el social y político.

Porque el proceso a que nos referíamos ha provocado una preterición, cuando no el total abandono por el Estado, de aquellos fines de interés general para la ciudadanía, que arrancan por otra parte de la mejor tradición liberal.

Todas aquellas intervenciones y reglamentaciones tenían como norte, no el bienestar de los ciudadanos, sino la defensa de sectores productivos que llegaron, en los dorados años del desarrollo bajo la dictadura, a convertir el servicio a sus propias necesidades en la regla de oro de la buena administración. De hecho, la constante referencia a los "intereses del sector" es un lenguaje que todavía circula como norma de conducta entre buen número de gestores de la cosa pública.

Es natural que, supeditados a esos fines tanto los controles administrativos como los recursos financieros del Estado, apenas quedara atención ni dinero que consagrar a aquellos valores y objetivos que una larga tradición liberal y democrática identifica como fines propios del Estado: la seguridad, la libertad y el bienestar de los ciudadanos.

Y así, nuestros instrumentos de control en materias tales como seguridad (no sólo frente a los terroristas o los delincuentes comunes, sino en el tráfico o en el trabajo), o sanidad e higiene y otras similares, son decididamente raquíticos en relación con los países de nuestro entorno. Y nuestros déficit en materia de servicios públicos, urbanismo, comunicaciones y otras infraestructuras colectivas son de sobra conocidos.

Ésta es la parte de Estado que nos falta. Y que, para decirlo todo, falta especialmente en aquellos sectores menos favorecidos, que no tienen los medios para suplir las carencias públicas con el confort privado.

El día en que nuestros neoliberales incorporen a su discurso algo sobre esa parte de Estado que nos falta podremos creer que su discurso es algo más que la enésima muestra de insolidaridad que la derecha española ha convertido en un elemento consustancial de su mensaje político.