La oposición denuncia que el Gobierno pretende gastar sin control 13,2 billones

Todos los portavoces parlamentarios, salvo el representante del Grupo Socialista, pedirán la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987, en el debate que inicia esta tarde el Pleno del Congreso de los Diputados. Sus enmiendas a la totalidad coinciden en que el Gobierno pretende reducir los controles para gastar 13,2 billones de pesetas, cifra que multiplica por 10 la recaudación esperada, por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para el presente año.

Junto a la denuncia de las autorizaciones que el Gobierno intenta lograr con el apoye, de la mayoría socialista para decidir sobre el gasto con mayor arbitrariedad y que otros años, las críticas más generalizadas entre la oposición radicarán en que las cuentas públicas para, 1987 adolecen de transparencia, por lo que en muchos casos difícilmente podrán ser comparadas y juzgadas.Ya en aspectos concretos, las coincidencias de la oposición serán menores, según las enmiendas a la totalidad del texto presentadas por los portavoces no socialistas. La rara unanimidad expresada hace un año contra el descenso de! la, inversión pública se ha desplazado hacia el aumento de impuestos, donde cuatro de las mayores formaciones -Coalición Popular (CP), Centro Democrático Social (CDS), Izquierda Unida (IU) y Partido Demócrata Popular PDP)- consideran que se acentuará la regresividad. Al menos dos de ellas (IU y PDP) pedirán que disminuya la tarifa del impuesto sobre la renta para compensar el efecto alcista de la inflación.

El proyecto de presupuestos de 1987, que será presentado y defendido por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, prevé que los impuestos y cotizaciones sociales crezcan en términos de recaudación un 11,23%, 1,5 puntos por encima del aumento nominal (sin descontar la inflación) esperado en el producto interior bruto (PIB). Los gastos enumerados se elevan un 8,7%, lo que dejaría margen para reducir el déficit desde el 4,5% del PIB presupuestado este año a un 4%, del mismo. Pero ingresos y gastos parecen subestimados, sobre todo los últimos, entre los que el Gobierno no ha incluido, por ejemplo, el aumento de transferencias negociado la pasada semana con las comunidades autónomas.

Escasa recuperación

La oposición tratará de justificar sus peticiones de devolución en argumentos como los que siguen:

- CP. Los presupuestos no alcanzarán los objetivos prioritarios para la economía: favorecer el crecimiento a través de la inversión, controlar la inflación, fomentar el empleo y la competitividad. La inexistencia de política económica agudizará los desequilibrios básicos respecto a la Comunidad Europea.

- CDS. El proyecto frena el potencial desarrollo de la economía. Su escaso incremento de la inversión pública, los excesivos gastos consultivos y su carácter poco vinculante para el Gobierno lo hacen ineficaz ante los problemas económicos y sociales.

- Minoría Catalana. No contribuyen a que la economía española se recupere lo suficiente. Incrementan la presión fiscal. No reducen los costes no salariales ni permiten incidir en bajar la inflación. No garantizan mayor ocupación. Reducen los incentivos a la inversión privada. La reducción del gasto es insuficiente para afrontar el déficit.

- PDP. Hay falta de coherencia entre los objetivos y los instrumentos. El no bajar ni la tarifa del IRPF ni las cotizaciones sociales frena la creación de empleo. Es dudoso que el aumento del IVA y el déficit público permitan reducir la inflación al 5%. Los presupuestos tienden a aumentar las desigualdades sociales.

- IU. Los beneficios fiscales en muchos casos no se justifican. Las numerosas bolsas de fraude implican una recaudación insuficiente. Castigan a los funcionarios públicos y mantienen la penuria de muchos pensionistas. Aumentan la presión fiscal de los trabajadores. Perpetúan un déficit sin crear empleo.

- PNV (Partido Nacionalista Vasco). El proyecto no continúa el proceso de ajuste necesario ante la CE. La variación de incentivos fiscales produce inseguridad jurídica. Tampoco especifica el reparto del dinero para las comunidades autónomas.

- EE (Euskadiko Ezkerra). Oscurantismo en la distribución del gasto. Las relaciones financieras entre la comunidad vasca y el poder central no guardan relación con las respectivas economías.