El proceso contra Hasenfus se convierte en un arma propagandística de los sandinistas
El proceso, que comienza hoy en Managua, contra Eugene Hasenfus, el norteamericano capturado el pasado 5 de octubre, tras el derribo de un avión que abastecía a los antisandinistas de la contra, se ha convertido en un arma propagandística en manos del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. El proceso contra Hasenfus se celebrará ante los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA), lo que provocó días atrás una airada nota de protesta de la Embajada de Estados Unidos en Managua.
Mientras que Estados Unidos trata de atraer la atención sobre el carácter especial de los TPA, el Gobierno sandinista juega con habilidad la baza propagandística. A lo largo de la pasada semana, en pequeñas dosis, los documentos comprometedores que llevaba el avión derribado fueron servidos a periodistas escogidos de los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Esta serie de revelaciones en la Prensa norteamericana trata de poner de manifiesto la implicación del Gobierno de EE UU en la ayuda militar a los contras.Con esta táctica, los sandinistas tratan de ganar la batalla de la opinión pública en Estados Unidos. Su fijación en la gran Prensa norteamericana llega a tal punto que en la noche del sábado, en una fiesta del club de corresponsales extranjeros en Managua, un funcionario sandinista del llamado departamento de Agitación y Propaganda llegó a decir a una corresponsal europea: "La Prensa europea no nos interesa. Sólo los grandes periódicos de Estados Unidos".
'Efecto bumerán'
Esta operación de explotar propagandísticamente el caso Hasenfus podría tener un efecto bumerán si, cuando comience el proceso, no se observa un mínimo de formas jurídicas y garantías legales. Los TPA llevan, ya en su mismo nombre, el estigma de ser tribunales políticos especiales, en los que las posibilidades del acusado son casi nulas.La evidencia de los hechos criminales de Hasenfus y su gente, sus conexiones con la CIA y todo ese mundo turbio de mercenarios, servicio secreto y colaboradores más o menos corruptos en los países de Centroamérica no excusan de la obligación de garantizarle un proceso limpio.
Los TPA no gozan precisamente de la simpatía de las organizaciones de derechos humanos. Hay discrepancias en los da tos estadísticos sobre sus sentencias. La organización humanitaria de Estados Unidos Americas Watch, de tendencia progresista, observa: "Hemos repetido en numerosas ocasiones que creemos que los TPA deberían ser abolidos y devuelta su jurisdicción a los tribunales ordinarios".
Ayer domingo, en Barricada, órgano oficial del FSLN, un jurista nicaragüense explicaba el funcionamiento de los TPA. Hay dos instancias. Los tribunales, de primera y segunda instancia están formados por tres miembros. El presidente tiene que ser abogado y los otros dos basta con que sean nicaragüenses, mayores de 21 años, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
La sede de las dos instancias está en Managua. El procedimiento judicial es rápido. "Se inicia con la denuncia de la Procuraduría Penal. Luego, el tribunal hace llegar a su presencia al acusado, le pone en conocimiento de la denuncia y el iniciado tiene dos días para contestar, ya sea de forma directa o por medio de un defensor. Hecha la contestación, el tribunal procede a abrir la prueba por ocho días; éstos son prorrogables, según las circunstancias, y, concluido el término probatorio o el de la misma prórroga, el tribunal tiene tres días para emitir el fallo".
El Gobierno sandinista rechazó ya el nombramiento del ex procurador de Justicia de Estados Unidos durante la Administración de Jimmy Carter, Griffin Bell, como defensor. Hasenfus ha encargado su defensa a un abogado nicaragüense, Enrique Sotelo, un diputado de la Asamblea Nacional del Partido Conservador, opuesto al sandinismo.
[El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró ayer que el hecho de que el presidente de EE UU, Ronald Reagan, haya firmado la ley por la que se concede la ayuda de 100 millones de dólares a la contra "no influirá en nada" en el proceso. "No es nuestro interés ensañarnos contra Hasenfus, pero se hará justicia", informa Efe. El secretario de Estado de EE UU, Geerge Shultz, por su parte, manifestó ayer sus dudas sobre la regularidad del proceso contra Hasenfus, informa France Presse].
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