Cuestión de fuero

LOS JUECES del País Vasco han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las competencias del juez natural en la. investigación de delitos cometidos por miembros de la policía con ocasión de la aplicación de la ley antiterrorista pasen a la Audiencia Nacional. Según los jueces vascos, esta medida, que supondría una ampliación del actual fuero policial, choca con principios y valores constitucionales, tiene su base en falsas razones de seguridad y está concebida desde una actitud de desconfianza, cuando no de descalificación, del quehacer profesional de la judicatura en Euskadi.La posibilidad a que aluden, reclamada claramente por Alianza Popular en una proposición de ley de reforma de la legislación antiterrorista y barajada en los últimos tiempos en ámbitos gubernamentales, es una muestra más de las reticencias que en sectores policiales existen, desde la transición, ante la actuación de los jueces en asuntos de seguridad ciudadana. Semejante actitud ha adquirido un marchamo casi oficial con el bochornoso comportamiento del Gobierno al apoyar la incomparecencia de 90 guardias civiles ante la autoridad judicial en un caso por torturas.

Precisamente, Amnistía Internacional acaba de hacer público su informe de 1985, en el que, entre sus observaciones respecto a España, menciona la persistencia de torturas y malos tratos infligidos a los detenidos, en particular a los sometidos a régimen de incomunicación por aplicación de la ley antiterrorista. A partir de ahí recomienda una serie de medidas que despejarían las dudas que actualmente pesan sobre la efectiva protección de los derechos del detenido y que en nada impiden la necesaria eficacia de la lucha antiterrorista. Amnistía cita, entre otras, la reducción del período de incomunicación, mayor efectividad del control judicial, mejora de la asistencia letrada y eliminación de restricciones en el ejercicio del hábeas corpus.

El Gobierno tiene que decidir, antes del 4 de enero próximo, sobre la prórroga de varios artículos de la actual ley de Bandas Armadas. Quizá aproveche para hacer caso en algo de las recomendaciones de AI, organización respetada en todo el mundo libre y que mereció el Premio Nobel de la Paz. Pero es de temer que la ocasión sea aprovechada para endurecer todavía más algunas disposiciones de la ley de Bandas Armadas -la más severa, con mucho, de las legislaciones antiterroristas actualmente vigentes en Europa-, entre las que puede verse tentado de incluir este nuevo fuero especial de los policías. Nunca nos ha cabido duda de la inconstitucionalidad de la legislación antíterrorista de este país, que ha servido a la vez para poner de relieve la ineficacia de este tipo de normas en la lucha contra el terrorismo y el poco aprecio que el Gobierno socialista guarda por los principios jurídicos de la democracia. Pero si se consuma la medida sobre la que advierten los jueces vascos, servirá también para reforzar las constitucionalmente dudosas competencias de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo y ampliar, finalmente, el privilegio del fuero policial hasta un punto en el que subyacen sospechas de impunidad sobre sus beneficiarios.

Si se lleva a efecto esta reforma, cediendo de nuevo a la mentalidad reaccionaria que define la política del Ministerio del Interior, el Gobierno socialista habrá hecho un regalo definitivo a la derecha autoritaria de este país. La historia del fuero policial se inició en los últimos años de la dictadura, cuando los detenidos políticos comenzaron a atreverse a denunciar las lesiones producidas durante su detención. El antiguo régimen reaccionó sustrayendo a los jueces de instrucción la facultad de procesar cuando debían investigar este tipo de denuncias, trasladando esta competencia a las audiencias provinciales de cada territorio. El sistema democrático no sólo ha mantenido este privilegio, sino que lo ha ampliado, y la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo pasado establece que los jueces de instrucción suspenderán sus actuaciones cuando entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y "las remitirán a la audiencia provincial correspondiente, que será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el procesamiento, y dictar el fallo que corresponda".

En esta línea ascendente de despojo de las atribuciones del juez natural, cuya existencia consagra la Constitución, cabe enmarcar el actual intento de ampliar aún más el fuero policial. Con ello se está a punto de convertir en papel mojado el principio de unidad jurisdiccional y se debilita el papel del poder judicial en el concierto de los poderes del Estado.