¿Deterioro respecto a qué?

La sociedad española no se ha distinguido, y no se distingue hoy, por el interés con que sigue a su Universidad. Existen, sin duda, razones históricas para que ello sea así, pero lo cierto es que el público tiene un conocimiento escaso y fragmentario de su realidad. Pero ¿qué está ocurriendo en la Universidad por debajo de esos conflictos que trascienden al exterior? ¿Es realmente una institución convulsa instalada en un proceso de irremediable deterioro? Y en este último caso, ¿deterioro respecto de qué situación o momento? La verdad es que, afortunadamente para nuestro país, la Universidad es algo más y algo mejor que todo, eso.Lo primero que habría que decir es que la Universidad está en un momento de cambio y de intensa reorganización interna. Es ya un tópico hablar de la crisis de la Universidad, y es que la crisis y el cambio le son consustanciales, en todos los países y en todo momento. Y lo son porque, siendo como es una institución centenaria, necesita adaptarse permanentemente a las demandas sociales. Lo que ocurre es que en la mayoría de los países desarrollados ese proceso tiene lugar de un modo progresivo sobre una organización básica estable y funcional, habiendo gozado tradicionalmente de una continua atención normativa y presupuestaria por parte de sus gobiernos respectivos. En España, al proceso de cambio que podría considerarse normal se añade otro, más de fondo, catalizado por la entrada en vigor de la ley de Reforma Universitaria (LRU), lo que implica afrontar complejas transformaciones en plazos muy cortos con un considerable consumo de energías.

La promulgación, en septiembre de 1983, de la LRU despertó la ilusión de muchos universitarios que -aun sin suscribir todos sus preceptos- veían en ella a la posibilidad de remodelar una institución encadenada por su pasado y que sólo a duras penas podía dar cumplimiento a los más elementales requerimientos que la sociedad le planteaba. Cumplidos ya casi tres años desde su entrada en vigor, cuando algunas voces se levantan certificando su fracaso y denunciando el progresivo deterioro de la Universidad, resulta oportuno realizar, en este artículo, una reflexión sobre su desarrollo.

La aplicación de la LRU permitió a las universidades, a través de sus respectivos estatutos, establecer un marco legal bien definido y adaptar sus órganos de gobierno a la realidad democrática del país. Con independencia de los resultados obtenidos -el análisis de los hechos diferenciales que los estatutos introducen entre las universidades exige tener en cuenta la experiencia obtenida tras la aplicación real de éstos-, la comunidad universitaria -profesores, alumnos y personal de administración y servicios- ha debido afrontar en los últimos años una actividad inusual que, sin embargo, no ha impedido que las universidades prosiguiesen con sus tareas fundamentales de docencia e investigación.

La LRU preconiza una remodelación de la estructura interna de la Universidad, que sin duda constituye una de las claves de la reforma. Esta remodelación tiene por objeto favorecer la constitución de grupos estables de investigadores capaces de diseñar una determinada política científica y de organizar la correspondiente actividad docente en cada uno de los diferentes campos del saber; se trata en definitiva de romper una organización profundamente enraizada en la Universidad española, basada exclusivamente en la cátedra, y sustituirla por una estructura departamental, más establie y capaz de hacer frente con mayor efectividad a las funciones que una Universidad moderna tiene encomendadas.

Planes de estudio

Por último, una tarea esencial, sin la cual las anteriores carecerían de sentido, la constituye la reforma del sistema de enseñanza, que trae consigo la modificación de los planes de estudio y de las titulaciones, adaptando éstas a las necesidades cambiantes de una sociedad en constante transformación.

Es necesario hacer hincapié en estos primeros pasos dados en aplicación de la LRU porque cualquier retorno al pasado sería indeseable y haría baldío, cuando menos, el esfuerzo realizado por las universidades para dotarse de su propio marco legal y aproximar su organización interna a la de las universidades de los países más desarrollados.

Veamos ahora lo que constituye la razón de ser ¡de la Universidad, la enseñanza y la investigación. No creemos que nadie que examine la situación actual, de buena fe y sin dejarse impresionar por las apariencias, pueda dudar de que el nivel científico de nuestras universidades está hoy muy por encima del que tuvieron en el pasado reciente. Los firmantes de este artículo hemos vivido como estudiantes una Universidad, probablerriene añorada por muchos de los que hoy predican un inexistente deterioro, en la que ciertamente las jerarquías estaban muy claras, pero en donde la ciencia y la investigación, con rarísimas excepciones, estaban ausentes.

Existen estudios sobre la presencia científica de nuestras universidades en el mundo y su evolución temporal que así lo de muestran. Por ejemplo, en 1985, la producción científica de la Universidad representó el 67,6% en el campo de la química, el 79,9% en el de la risica, el 53,6% en el de la biología y el 69,1% en el de la tecnología, frente al total de la producción científica española. Esos datos cobran pleno, significado si se tiene en cuenta que la contribución española a la producción científica del mundo en el período 1983-1985 experimentó, en los campos arriba citados, un incremento del 28%, 23%, 55% y 46% respectivamente, y esos incrementos se añaden a otros de la misma naturaleza que se han venido produciendo desde los años setenta. La presencia y el impacto de las contribuciones de nuestros científicos en las mejores publicaciones internacionales es creciente y se sitúa en niveles que nunca se habían alcanzado antes en nuestro país.

Y ese esfuerzo, innegable, es también meritorio por cuanto se ha producido con un apoyo económico y administrativo por parte de los poderes públicos que, aunque globalmente creciente en los últimos años, es todavía muy escaso. A este respecto, conviene recordar que el gasto público corriente dedicado a la enseñanza en España representa una de las proporciones del producto nacional bruto (PNB) más bajas de Europa. Si bien es cierto que los presupuestos generales de las universidades han mejorado en el último ejercicio, y que estos recursos han sido en general administrados internamente con mucha mayor prudencia, no lo es menos que los problemas económicos continúan siendo graves, hasta el punto de que en muchas universidades las carencias de infraestructura y de personal resultan a veces agobiantes.

Si se desea configurar una Universidad abierta, que responda a las lógicas demandas de enseñanza superior de nuestros jóvenes y que al tiempo mantenga el nivel académico adecuado para convertirse en una palanca del progreso económico, social y cultural del país, resulta imprescindible hacer un replanteamiento en torno a los recursos asignados por el Esado a la Universidad; y no sólo en lo relativo a su cuantía, sino también a la flexibilidad en su uso. No era posible seguir adelante en el proceso de adaptación al mundo de la ciencia, de la investigación y de la tecnología con esquemas organizativos y presupuestarios de una Universidad que sólo daba, y malamente, clases. Las posibilidades que en materia presupuestaria ha abierto la LRU marcan el punto de inflexión de este proceso.

El profesorado

Resta por comentar el problema del profesorado, del establecimiento de las plantillas docentes, que todas las universidades deberán afrontar de inmediato, partiendo no de una situación ideal, sino, por un lado, de la existencia de un importante colectivo de profesorado contratado a lo largo de los últimos 20 años para responder a la masificación experimentada por las universidades españolas en este período y, por otro, de unos recursos limitados. En los últimos meses se ha venido calificando de endogámico el resultado del proceso de convocatoria, por parte de las universidades, de plazas de profesores permanentes, a partir del desbloqueo de las mismas producido en el último año por el Ministerio de Educación y Ciencia.

A este respecto, interesa hacer hincapié en algunas cuestiones fundamentales: la LRU consagra la calidad de funcionario para todo el profesorado de la Universidad si se exceptúan los profesores asociados, visitantes y eméritos, que responden a perfiles y situaciones muy concretos -hecho éste no deseado en su día por muchos miembros de la comunidad universitaria, pero imposible de ser contestado ahora-, por lo que resulta ineludible proceder a la inmediata convocatoria de plazas en los términos y condiciones previstos legalmente.

Si se considera que los actuales profesores contratados no son las personas más calificadas para optar a plazas de profesor permanente, ¿cómo podremos improvisar los candidatos? ¿No serán responsables de esta situación sin salida los que añoran esa Universidad idílica del pasado que ahora se deteriora? Frente a esta situación no cabe ahora rasgarse las vestiduras, a no ser que exista alguien tan insensato como para su poner que la reforma universitaria estará completada el día 30 de septiembre de 1987.

Por supuesto que en un proceso tan complejo y masivo como el iniciado de adaptación de las plantillas docentes de la Universidad a la LRU se producen distorsiones en la resolución de algunos concursos y tentaciones de localismo que los abajo firmantes somos los primeros en rechazar y en intentar evitar por todos los medios; pero nos falta perspectiva suficiente y una evaluación concreta del grado de corrección acadénica con que se vienen resolviendo los concursos de profesorado, tarea ésta que debe ser abordada cuanto antes por el consejo de universidades. Pero deberá reconocerse al menos que el nuevo sistema de concursos, además de permitir a las universidades una cierta autonomía en la selección de su profesorado, posee por el momento la virtualidad de romper las reglas de juego consagradas por el anterior sistema de oposiciones, que permitieron durante decenios un reparto del poder en la Universidad entre grupos de presión que disponían a su antojo de la provisión de plazas, no siempre en base a criterios científicos. ¿Quizá la añoranza de ese brillante pasado es la que conduce a muchas de estas críticas?

La Universidad española es en la actualidad mejor, más científica, y su enseñanza, de mayor calidad que hace unos años, y de persistir en la misma línea llegará sin duda a situarse próxima a la de los países más desarrollados. Si se duda, no hay más que seguir publicando y realizando los estudios a que antes nos referimos o consultar a alguna instancia internacional, que haga una evaluación comparativa. Queda mucho, sin embargo, por hacer para llegar a una Universidad como la que nuestro país se merece y tiene derecho a exigir; será necesario profundizar en su reforma, sin ceder un ápice a presiones corporativas de cualquier signo. Cuando nuestro país se encuentra más próximo que nunca a la realidad europea, viene perfectamente a cuento recordar a la sociedad española y a sus dirigentes la frase pronunciada por Jean Monet, uno de los padres de la moderna Europa, tras 30 años de experiencia: "Si je devais re comencer, je recomencerais par l'education".