Guatemala acepta reanudar el pago de 220 millones de dólares al Banco Exterior

El presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, se ha comprometido ante Felipe González a hacer frente, con fecha del 30 de diciembre próximo, a la primera y segunda cuota de los intereses vencidos de una deuda que, contraída en 1980 por el organismo público guatemalteco Corfina con el Banco Exterior de España, puede superar en breve los 2,20 millones de dólares, casi el 10% de la deuda exterior de ese país.

El préstamo, que financiaba la construcción de una planta de celulosa, estaba vencido desde hace año y medio, en parte por la resistencia del actual Gobierno a hacer frente a una inversión planificada por anteriores regímenes militares y, en mayor grado, por las dificultades financieras que atraviesa dicho país.La reciente visita del presidente Cerezo a España ha servido para aclarar uno de los problemas económicos que pese a un acuerdo inicial alcanzado el pasado 9 de julio por representantes comerciales españoles y del Banco Exterior, enturbiaba las relaciones bilaterales. Cerezo, según fuentes solventes, levantó uno de los interrogantes que afectaban a esta operación y que se cifraba en la resistencia guatemalteca a reconocer unadeuda de Estado contraída, sucesivamente, por cuatro juntas militares. Las reservas guatemaltecas se basaban, fundamentalmente, en la sospecha de pagos de fuertes comisiones a los intermediarios y a la presunta inviabilidad económica del proyecto financiado.

La historia del crédito del Banco Exterior de España a Corfina (un ente público guatemateco similar al INI español) se remonta al 6 de junio de 1980, cuando la entidad financió la construcción de un complejo papepero en el departamento El Progreso, de Guatemala, que debía producir 100.000 toneladas de celulosa por año. El proyecto, que incluía también un aserradero con capacidad, para 65.000 toneladas de madera al año, tenía un coste contractual de 222 millones de dólares, de los que 188,5 millones fueron aportados por el Banco Exterior.

El primer pago

El contrato comercial estaba firmado entre Técnica de Pulpa y Papel (Tecpapel), de Madrid, y Celulosa de Guatemala (Celgusa), del que es propietario, al 50%, un socio español, Manuel Isidro Tejedor, y entidades guatemaltecas. Como empresa consultora y supervisora figuraba la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE), del grupo del Instituto Nacional de Industria (INI) y la tecnología básica la aportaba la firma finlandesa Jaakko Poyry.Todo fue bien en el proyecto hasta la prevista puesta en marcha a prueba de la planta, que coincidía con el primer pago de intereses que no fueron capitalizados. Esto sucedió en marzo de 1985, cuando los intereses no se abonaron en un importe de 15,5 millones de dólares. Un acuerdo alcanzado en julio de 1986 para el pago de intereses tampoco se cumplió el pasado 30 de septiembre, cuando la deuda superaba ya los 204 millones de dólares.

Con ocasión de la renegociación de la deuda, los guatemaltecos solicitaron una garantía de puesta en marcha de la planta, que exigía nueva financiación por importe de 30 millones de dólares. Asimismo, los guatemaltecos han previsto un estudio de viabilidad de la planta, tras aducir que el proyecto está sobredimensionado.