El aborto según los socialistas

EL PROCESAMIENTO del director gerente de una clínica de Salamanca en la que, según el propio procesado, se han practicado unas 3.000 interrupciones de embarazo ha vuelto a poner de manifiesto las contradicciones derivadas de la aplicación de la ley de despenalización del aborto, en vigor desde hace poco más de un año. Recientes insinuaciones del ministro de Justicia y del vicepresidente del Gobierno en tomo a una eventual ampliación de los supuestos contemplados en dicha ley, "si así lo demanda la sociedad", parecen anunciar la apertura de un debate nacional sobre la cuestión.El programa del partido socialista prometía "ampliar por la vía de los conciertos el número de centros autorizados para realizar este tipo de operaciones". Se hablaba también en él de "modificación de las normas y los baremos existentes para facilitar el acceso voluntario y responsable a los métodos quirúrgicos anticonceptivos" y de la simplificación de los trámites previos a la intervención.

Según estudios solventes, el número de mujeres que se encuentran en alguno de los tres supuestos contemplados en la ley se eleva a unas 27.000 al año. Y, sin embargo, apenas 200 abortos legales se han efectuado en España en el primer año de aplicación de la norma. Ello significa que gran número de embarazadas cuya salud corría grave peligro o se encontraban en alguna de las otras situaciones previstas en la ley ha tenido que bien al desplazamiento al extranjero, bien a clínicas en las que los abortos se realizan en condiciones de semiclandestinidad. Y ello se debe a las dificultades objetivas y las penalizaciones añadidas que la puesta en práctica de la ley conlleva.

El que en una clínica de la provincia de Salamanca, que no figura precisamente entre las de mayor densidad de población, se realizase una media de 20 abortos diarios -frente a tan sólo seis abortos legales en el último año- demuestra las lagunas sociales que deja al descubierto la ley. La Administración ha practicado en muchos casos la tolerancia respecto a las clínicas que colmaban, mal que bien, parte de esas lagunas. Pero el procesamiento del director salmantino pone de relieve la inseguridad jurídica en que se mueven las personas que actúan en ese campo. El Ministerio de Sanidad ha indicado que está en estudio una orden ministerial destinada a clarificar, con vistas a su eventual legalización, las condiciones exigibles a los centros privados que realizan interrupciones de embarazo. Ninguno de esos centros ha solicitado por el momento la acreditación correspondiente, exigible según la normativa dictada en julio de 1985 y que ahora se pretende simplificar. Pero, en resumidas cuentas, lo que está claro es que la ley socialista no ha resuelto el problema del aborto en España.

El enorme desfase entre esos 27.000 casos posibles y las 200 intervenciones legales realizadas responde, sobre todo, a las dificultades con que se encuentran las mujeres para superar la carrera de obstáculos en que se ha convertido la obtención del dictamen favorable, demostrativo de que la embarazada es susceptible de acogerse a alguno de los tres supuestos contemplados en la ley, y que es imprescindible para la realización del aborto legal. Esa tramitación es muy dilatada. Tanto, que con frecuencia, para cuando culmina, han transcurrido ya las 12 semanas de embarazo que la propia ley marca como Emite para proceder a su interrupción legal. Pero es, además, y con no menor frecuencia, vejatoria para la mujer, obligada a mendigar aquí y allá los certificados correspondientes, cuya expedición depende al final más del talante o las convicciones personales de los médicos autorizados que de razones objetivas. Un estudio reciente de la Dirección General de la Salud Pública indica que, en la mayoría de los abortos legales realizados al amparo del primer supuesto contemplado por la ley, la razón efectivamente admitida fue la existencia de un riesgo verificable para la vida de la embarazada, y sólo en unos pocos casos, la constatación de riesgos, no mortales, para su salud fisica o psíquica. Ello demuestra que la ley se está aplicando con criterios restrictivos y contrarios al espíritu de la propia norma, que trataba de resolver un problema y, sin embargo, sólo ha conseguido generar problemas añadidos.

Las estimaciones más prudentes sitúan por encima de los 100.000 el número de abortos de españolas realizados en nuestro país o en el extranjero en los últimos 12 meses. La mayoría de las mujeres alegó como motivo de su decisión razones de índole socioeconómica, no admitidas en la legislación. Decenas de miles de ciudadanas españolas necesitan seguir viajando al extranjero para abortar o lo hacen en clínicas clandestinas, y son precisamente las pertenecientes a las clases sociales más acomodadas económicamente y más informadas culturalmente.

Desde el Gobierno se afirma que es posible una ampliación de la actual legislación, pero se añade que tal ampliación se llevará a término únicamente si se demuestra que ésa es la demanda planteada por la sociedad española. No sabemos si esta actitud se debe a la ignorancia o al cinismo. Ya a raíz de la aprobación de la despenalización parcial, el vicepresidente del Gobierno afirmó que la ley en cuestión era "la deseada por los españoles, según demuestran las encuestas". Pero la realidad indica que la actual ley ha sido aplicada a menos del 0,2% de las mujeres que en los últimos 12 meses han abortado. En la cuestión del aborto no es sólo la voluntad de la mayoría, sino el respeto a los derechos de las minorías lo que debe guiar también la voluntad del legislador. Y la veneración ridícula ante las encuestas que el vicepresidente del Gobierno padece se convierte en dramática cuando anda por medio cuestión tan grave como ésta. La realidad es que el Gobiemo no ha tenido hasta ahora el valor de enfrentarse políticamente a sectores de poder de esta sociedad impulsando una ley de aborto más racional y menos vergonzante. Una actitud más audaz por su parte le implicaría indudables riesgos políticos entre la clientela de los poderes fácticos, que tan bien cultiva. Pero disminuirían drásticamente los riesgos para la salud, e incluso la vida, de miles de mujeres de este país.