Militares uruguayos presionan para lograr la amnistía
Un grupo de 19 generales retirados que ejercieron su mando durante la dictadura uruguaya (1975-1985) advirtió ayer en un comunicado público que cualquier acción contra oficiales acusados de violaciones de los derechos humanos debilitará al Ejército y abrirá la puerta a una nueva ola de actividad terrorista en el país. El comunicado fue seguido, pocas horas después, por un manifiesto conjunto de los centros sociales de los tres ejércitos, más la organización de pasivos, retirados de las fuerzas armadas, que manifestó su apoyo solidario "a los camaradas que sean injustamente atacados".Ambos comunicados demostraron la intranquilidad militar por la discusión de la ley de amnistía para los represores del Gobierno de facto y denunciaron una "campaña de desprestigio" contra las fuerzas armadas.
La presión militar se ha incrementado sorpresivamente cuando falta poco más de una semana para que el Senado se pronuncie, el 12 de octubre, sobre el proyecto de amnistía.
Un primer proyecto, que establecía una amnistía total, Presentado por el presidente, Julio María Sanguinetti, fue rechazado en el Parlamento. El principal partido de la oposición, el Nacional (llamado también Blanco), presentó un proyecto alternativo que deja fuera de la amnistía a aquellos militares y policías que hayan cometido asesinatos, lesiones graves o abusos sexuales con los detenidos políticos después de 1973.
La amnistía en este caso no es general, y se compromete al Tribunal Supremo a juzgar todas aquellas denuncias ¡que ya estuvieran presentadas ante la justicia civil. Según versiones de la Prensa, tales denuncias no superan las 38, entre las que se incluyen algunas tan importantes como la del asesinato en Buenos Aires de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, caso que sin duda involucrará a numerosos militares.
Para el Frente Amplio, que no presentó ningún proyecto, esas denuncias pueden llegar a triplicarse si es aprobado un mecanismo legal que ofrezca garantías de seriedad. En cuanto a las fuerzas armadas, han pasado de una presión secreta a una toma de posición pública y sorpresiva.
Dentro de los militares existen tres posiciones que, pese a coincidir en el fondo, difieren en los mecanismos de aplicación.
Un primer grupo está formado por los legalistas, oficiales en actividad que deberán asumir puestos claves en el futuro. Para ellos, lo más importante es el orden interno. El segundo grupo es el de los nostálgicos, autores de la tesis de que "todos somos responsables o ninguno es responsable", e incluye a los jerarcas castrenses más comprometidos con las violaciones de los derechos humanos, que buscan desesperadamente un definitivo y total olvido.
