La Fundación Salud y Familia abre en Barcelona un servicio para abortos legales
Un nuevo servicio de información y ayuda para las mujeres que deseen abortar legalmente, acogiéndose a la ley de despenalización del aborto actualmente vigente, abrirá el próximo diez de octubre sus puertas en Barcelona. Este servicio está organizado por la Fundación Salud y Familia, entidad de ámbito estatal recientemente constituida, que ha sido impulsada desde Barcelona por destacadas feministas y profesionales de la cultura y la salud. El objetivo de esta asociación es facilitar los medios necesarios para que las mujeres que deseen abortar puedan hacerlo sin temor, y conseguir una interpretación del actual texto normativo mucho más favorable a la mujer, utilizando especialmente la posibilidad de justificar el aborto por motivaciones psicológicas.En concreto, la fundación facilitará todas las tareas burocráticas y servicios médicos que efectuarán los dictámenes necesarios para poder acogerse a la ley. El dictamen médico debe estar avalado, en el caso de la motivación psicológica, por un psiquiatra. Hasta ahora, esta causa apenas ha sido aducida en los abortos legales practicados, cunando es la que mayor incidencia podría tener.
La Fundación Salud y Familia está presidida por la escritora Maria Aurelia Campmany, actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, e integran la junta directiva personalidades que han apoyado públicamente la necesidad de aplicar en España una ley del aborto menos restrictiva que la actual. Entre ellos destacan el doctor Antoni Mirada, la doctora Mercé Gascón, las diputadas socialistas Rosa Barenys y Pilar Ferran y el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Clos.
Clínicas privadas
La normativa que desarrolla la despenalización del aborto en Cataluña, dictada por la Generalitat, difiere de la normativa estatal en que los hospitales que quieran practicar abortos no necesitan una homologación específica para ello. Basta que tengan autorizados servicios de maternología y ginecología.En algunos hospitales públicos, como la residencia Valle Hebrón, se ha negado un aborto a una mujer que acudió con un dictamen favorable firmado por dos médicos ajenos al hospital.
Los promotores de la fundación confían en canalizar a las mujeres que soliciten sus servicios a otros centros públicos que no han planteado este tipo de objeciones, y, en último término, a alguna de las cuatro clínicas privadas que han venido practicando un promedio de 20 abortos clandestinos cada día y que podrían ser legalizadas en breve.
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