Apartado del caso el fiscal que investiga un supuesto delito de corrupción en Alicante

El fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell, que investigaba la presunta corrupción del funcionario de justicia Mariano Morales en Alicante, ha sido apartado del caso por decisión del fiscal jefe de la Audiencia Provincial. El fiscal había presentado un recurso, ante la Sala Segunda de la Audiencia en el que acusaba a ésta de reiterados errores en el proceso, "todos ellos favorecedores de la posición procesal del imputado".

Esta afirmación del fiscal se produjo en el recurso elevado ante la decisión de la sala de comunicar al procesado de que tanto el fiscal como la acción popular solicitaban la investigación de su patrimonio para que éste manifestase si consideraba que ello podía afectar sus derechos fundamentales.Tanto el fiscal como la acusación popular habían solicitado de la sala la revocación de la conclusión del sumario, por entender que debían practicarse más pruebas, y concretamente la investigación de las cuentas bancarias del procesado y su patrimonio inmobiliario.

La acción popular considera que la providencia dictada por la sala el pasado día 22, en la que se comunicaba esta petición al procesado, es ilegal y está prohibida por el artículo 627 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El fiscal afirma en su escrito que son tan reiteradas las equivocaciones del tribunal en el proceso, "en cuestiones elementales y todas ellas favorecedoras de la posición procesal del imputado, que resulta lícito plantearse el problema de si la sala debe seguir entendiendo el presente asunto o sería más adecuado que se abstuviese de su conocimiento". Más adelante señala que todo ello dificilmente puede encontrar razonable justificación. "Esta persistencia en tales equivocaciones nos inclina a pensar si existe un interés indirecto, por parte de la sala, en el presente proceso" agrega el fiscal.

Entre los errores cometidos en el proceso figura uno ya reconocido por la propia sala, al revocar la suspensión de funciones dictada previamente para el funcionario Mariano Morales, acusado de haber cobrado dinero de forma ilegal.

Mariano Morales fue procesado a raíz de que en su despacho del juzgado le fueran intervenidos unos 300 documentos comprometedores que registraban una serie de cantidades presuntamente cobradas a varios procuradores. En la instrucción de la causa, sólo dos procuradores, Francisca Bieco Marín y Magdalena Martínez Ibáñez, han reconocido que el funcionario les pidió dinero.