Un lotero alicantino, condenado a un año por apropiarse de 40 millones en premios
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a Eduardo Ballesteros Alpáñez, encargado de la Administración de Lotería número 7 de esta ciudad, conocida popularmente como La Manchega, a un año y cuatro meses de prisión menor como autor de un delito de apropiación indebida. Según la sentencia, que se hizo pública ayer, Eduardo Ballesteros deberá entregar a Ricardo Sánchez de Cea los 10 décimos dé lotería correspondientes al número 13.076 que resultaron premiados con 40 millones de pesetas en el sorteo del 17 de marzo de 1984, además de los intereses legales correspondiente.La sentencia reconoce como hecho probado que el administrador de La Manchega y Ricardo Sánchez de Cea tenían establecido un acuerdo verbal por el que el primero proporcionaría regularmente 10 décimos del mencionado número, percibiendo la comisión de beneficios establecida, pero liquidando los décimos periódicamente, incluso con posterioridad al sorteo en algunas ocasiones.
La resolución judicial señala que ese pacto verbal se mantuvo hasta el sorteo del 17 de marzo de 1984, en que el número 13.076 resultó agraciado con el primer premio. Los décimos de lotería no habían sido retirados todavía por su abonado, como tampoco los correspondientes a otros dos sorteos anteriores. El administrador, Eduardo Ballesteros, "decidió beneficiarse del referido premio", señala la sentencia, e informó a la prensa que habían sido vendidos en ventanilla aun cuando una empleada suya informó previamente a la prensa que correspondían a un antiguo abonado".
El administrador habló posteriormente con el abonado y "pretendió hacerle ver que sólo le había tocado la mitad del premio, intentando convencerle de que los décimos eran de él y le obsequiaba con la mitad (unos 20 millones) graciosamente, alegando que no tenía por qué financiar sus sorteos", señala la sentencia.
Estas conversaciones en el despacho del administrador fueron recogidas en cinta magnetofónica y una vez transcritas por el Gabinete Provincial de Identificación se incorporaron a las actuaciones judiciales.
