Suspendido el juicio contra los autores de 'Todos al suelo'

., La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido, sin explicar los motivos de esta decisión, el juicio señalado para el próximo 1 de octubre contra los siete periodistas autores del libro Todos al suelo, acusados de calumnia por un escritor y cuatro políticos franquistas -dos de ellos ex ministros- vinculados en la obra al colectivo Almendros que, poco antes del 23 de febrero de 1981, publicó varios artículos golpistas en el diario El Alcázar. El libro Todos al suelo, primero de los publicados sobre la intentona golpista, recoge de forma novelada los sucesos del 23-F, vividos por la mayoría de sus autores en directo en el Congreso de los Diputados, donde desarrollaban su trabajo informativo.

Entre los testigos citados por la defensa figura Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado cuando se produjo el 23-F. Los defensores le llamaron para que revelara las investigaciones en torno a la trama civil que apoyó la intentona. También ha sido solicitado el testimonio de los periodistas José Oneto, Pilar Urbano y Miguel Ángel Aguilar -que dieron noticia de las mismas investigaciones recogidas en Todos al suelo.

Cuatro de los cinco querellantes -los ex ministros franquistas Gonzalo Fernández de la Mora y Federico Silva Muñoz y los políticos Jesús Fueyo y Luis Jáudenes- niegan su pertenencia a Almendros y solicitan que se imponga a cada uno de los siete periodistas querellados -Ricardo Cid, José Luis Martínez, Bonifacio de la Cuadra, Rosa López, Fernando Jáuregui, Juan van den Eynde y Ángel Esteban- la pena de seis meses y un día de prisión menor y multa de 50.000 pesetas. Asimismo, piden que los siete procesados entreguen conjuntamente a cada uno de los cinco querellantes una indemnización de 500.000 pesetas.

El quinto querellante, el escritor Ángel Palomino, columnista habitual del diario ultraderechista El Alcázar, no niega ni considera perjudicial para él la imputación de que participó en los escritos de Almendros [en la vista del recurso contra los procesamientos, su abogado, Miguel Ángel García Brera, repitió que a Palomino "le importa poco que se dijera que perteneció a Almendros"].

Sin embargo, Palomino mantiene su acusación y pretende obtener una indemnización de 100 millones. Al mismo tiempo, solicita que se condene a Ricardo Cid a más de cuatro años y dos meses de cárcel y multa de 200.000 pesetas, y a cada uno de los restantes procesados a dos años y cuatro meses de prisión y 50.000 pesetas.

La posición del fiscal

El ministerio fiscal, tras no iniciar a lo largo de los cinco años y medio transcurridos desde el 23-F acción penal alguna contra los autores de los artículos de Almendros o sus encubridores, pidió al tribunal en sus conclusiones provisionales, formuladas el 30 de noviembre de 1985, penas de seis meses de prisión y multa de 20.000 pesetas para cada uno de los procesados, así como una indemnización conjunta de 250.000 pesetas en favor de cada querellante.Manuel Jiménez de Parga, Francisca Sauquillo, José María Mohedano, José Folguera, Manuel de la Rocha e Ildefonso Goizueta, abogados de los siete periodistas, piden la absolución de sus patrocinados. Estiman que informar sobre las investigaciones iniciadas poco después del 23-F en torno a la trama civil que apoyó el intento golpista no constituye delito alguno, sino, por el contrario, un deber profesional.

Los abogados Mohedano y Sauquillo, teniendo en cuenta que los acusados del delito de calumnias pueden resultar exculpados mediante la excepto veritatis [demostrar que es verdad la imputación], han propuesto al tribunal, como prueba documental, recabar de la Dirección General de la Policía un informe sobre las investigaciones sobre los preparativos del 23-F y en concreto sobre Almendros, pero tal solicitud ha sido denegada.