Siete juristas de profesiones no judiciales serán los primeros magistrados que no habrán necesitado opositar

Cuatro abogados, un fiscal, un profesor de universidad y un jurídico militar serán los siete primeros "juristas de reconocida competencia y con más de 10 años en el ejercicio profesional" que ingresarán en la carrera judicial, en la categoría de magistrado, sin pasar por la de juez ni someterse al tradicional sistema de oposiciones ni superar un curso en el Centro de Estudios Judiciales. Este sistema de acceso directo a la magistratura fue introducido por la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y muy, criticado desde sectores conservadores.

A este primer concurso del llamado cuarto turno [porque mediante él se cubre una de cada cuatro vacantes de magistrado] se presentaron 142 aspirantes, de los que sólo 11 eran mujeres. Por profesiones, el 70% eran abogados en ejercicio, el 23% secretarios judiciales y el 5% profesores de universidad. Fueron seleccionados 34 aspirantes y sólo siete obtuvieron plaza, por lo que ha quedado sin cubrir la mitad de las 14 convocadas. Como curiosidad, ganó el concurso el único fiscal de carrera presentado.De acuerdo con la calificación alcanzada, el orden por el que han sido obtenidas estas siete plazas de magistrado es el siguiente: Manuel Díaz de Rábago, abogado; Juan Miguel Torres, abogado; José Luis Gilolmo, abogado; Juan Manuel Fernández del Torzo, fiscal; Antonio Millar Garrido, jurídico militar; Alberto Rodríguez Carretero, profesor de universidad; Luis María Tovar, abogado.

Entre otros objetivos, según la LOPJ, este nuevo sistema pretende incorporar a la función judicial a juristas que han demostrado en otros campos jurídicos estar en condiciones de ofrecer capacidad y competencia, así como aportar a la carrera judicial perspectivas diferentes y distintas sensibilidades. Algunos de los concursantes, incluidos varios de los que han obtenido plaza, consultados por este periódico, recordaron que la primera finalidad de la LOPJ, objetivo que se ha logrado, era favorecer por este nuevo sistema de acceso a la magistratura, la provisión de vacantes imposible por el sistema clásico de las oposiciones.

Excesivo rigor

Estas fuentes consideran que varias de las preguntas realizadas por el tribunal en la entrevista con el aspirante para valorar los méritos alegados convertían el concurso en un concurso-oposición, aunque desprovisto del tradicional carácter memorístico de las oposiciones. Asimismo, estiman que el rigor ha sido excesivo, tal vez para evitar las críticas que desde la derecha se dirigen contra este sistema de acceso.

Fuentes próximas al tribunal admitieron que podrían haberse, cubierto algunas plazas más y que en algunos casos los aspirantes pudieran sentirse dolidos o incluso humillados por algunas preguntas. Añaden que, sin embargo, el nivel medio era bajo. A título anecdótico, señalaron que no es admisible que un aspirante a magistrado no sepa lo que es una cuestión de inconstitucionalidad [la que plantea el juez al Tribunal Constitucional cuando se le suscitan dudas sobre la constitucionalidad de una normal o que quien alega una especialización en Derecho Mercantil desconozca las novedades legislativas, por ejemplo, en materia concursal. Estas fuentes señalaron que fueron los dos catedráticos del tribunal los que se mostraron más exigentes.

El tribunal lo presidía el magistrado del Tribunal Supremo Paulino Martín, y lo integraban también el magistrado Dámaso Ruiz Jarabo, el fiscal Jesús Vicente Chamorro, los catedráticos Carlos Palomeque y Lorenzo Martín- Retortillo, el abogado Emilio Torres y el abogado del Estado Joaquín de Fuentes.