El ejecutivo vasco concierta con las escuelas privadas, en contra del Gobierno central

El Ejecutivo vasco ha firmado los conciertos económicos con la práctica totalidad de los centros privados e ikastolas (donde se imparte enseñanza en euskera) de la comunidad autónoma, pese a la petición del Gobierno central para que el Tribunal Constitucional suspenda la vigencia de la normativa. Los decretos recurridos fijan un módulo de financiación de más de tres millones de pesetas por aula de EGB, superior en medio millón, aproximadamente, al establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia. El Gobierno vasco anuncio ayer que en caso de suspenderse los decretos estudiará otras fórmulas para hacer llegar a los centros los fondos previstos.

A mediodía de ayer habían firmado los conciertos el ciento por ciento de los colegios e ikastolas de Álava, la totalidad de los de Guipúzcoa -con una sola excepción- y el 75% de los de Vizcaya. La Consejería de Educación cuenta con finalizar la totalidad de las operaciones hoy mismo. La celeridad con que se ha desarrollado el proceso da idea, según el consejero, Juan Churruca, "de la enorme aceptación social que ha tenido la normativa vasca, por encima de críticas o discrepancias puntuales".Churruca explicó que la firma de los conciertos se ha efectuado porque el Gobierno autónomo no tiene todavía comunicación oficial de la presentación de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, que incluye la petición de que se suspenda cautelarmente la vigencia de la normativa.

"Nos hemos enterado por los periódicos, y además con gran sorpresa, porque hemos tenido el máximo cuidado en respetar las normas básicas del Estado en esta materia", aseguró el consejero. El Estatuto de Gernika concede a la comunidad autónoma competencias plenas en materia de educación, aunque con sujeción a las normas básicas del Estado. "Lo que no aceptamos", indicó el consejero de Educación, "es que se nos quieran imponer como normas básicas, sólo a base de darles ese nombre, las que no tienen el carácter de tales".

El conflicto positivo de competencias, de cuya presentación informó hace menos de una semana la Delegación del Gobierno en el País Vasco, fue motivado por la pretensión del Ejecutivo de Vitoria de regular el régimen de conciertos económicos con los centros privados sin atender a la normativa general y porque su desarrollo vulnera preceptos de la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE), según la Administración central.

Igual que la pública

El Gobierno vasco se propone garantizar. en pocos años a los centros privados e ikastolas las mismas dotaciones económicas que a los colegios públicos. El plan será desarrollado de forma progresiva, con prioridad para las unidades que impartan enseñanza en lengua vasca o con programas bilingües.El módulo de financiación pública para las escuelas concertadas ha sido fijado por encima del establecido en elresto de España, que, a juicio de Churruca, resulta insuficiente. "El mantenimiento del módulo del Ministerio de Educación", declaró, equivaldría a un estrangulamiento de la enseñanza privada en el País Vasco, y no estamos dispuestos a aceptar esa situación, como no la acepta ningún país occidental". Anunció que el Gobierno vasco está decidido a mantener su filosofía educativa, por ser uno de los proyectos que afecta a mayor número de ciudadanos y que goza de más amplia aceptación social. "Si se produce la suspensión de los decretos reguladores del régimen de conciertos por el Tribunal Constitucional", advirtió, "estudiaremos nuevas vías para hacer llegar los recursos económicos previstos a los 426 centros que pueden acogerse a esta normativa". Entre las fórmulas posibles enumeró la del cheque escolar (entrega del coste de la enseñanza a los padres para que escojan el centro que deseen) o la subvención directa a los colegios e ikastolas sin necesidad de firmar conciertos ni convenios. "Tenemos una filosofía basada en la igualdad real de oportunidades y en la apertura de todos los centros a todos los ciudadanos", subrayó Churruca, "y vamos a mantenerla con decisión, pese a su elevado coste económico".

La partida destinada a educación, con 67.000 millones de pesetas, es la de mayor importancia en el presupuesto de la comunidad autónoma para este año. Los planes de gratuidad y la elevación del módulo de financiación pública para centros privados e ikastolas respecto al resto de España obligarán a incrementar este capítulo en el presupuesto del año próximo en una cantidad cercana a los 10.000 millones de pesetas.

Este es uno de los puntos de mayor fricción entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). Los socialistas acusan al PNV de ignorar la LODE y de privilegiar la enseñanza privada y las ikastolas, mientras desatiende los centros públicos.