Nadie cree ya en la 'reforma Botha'

La llamada reforma Botha, el paquete de medidas iniciado por el presidente Pieter W. Botha en 1983, en un intento de convencer al mundo de que el desmantelamiento del apartheid había comenzado, se encuentra prácticamente congelada a todos los niveles ante la falta de credibilidad que tiene no sólo entre los líderes negros, incluidos los moderados, sino entre la oposición oficial liberal blanca y el sector intransigente afrikaner.

A pesar de que Botha ha sido el político afrikaner que más lejos ha ido en la teoría y en la práctica en la adopción de medidas antisegregacionistas desde que el Partido Nacional, representante de los intereses de los boer (granjero en holandés), o descendientes de los primeros habitantes blancos de Suráfrica, obtuvo el poder en las elecciones generales (sólo para blancos) de 1948, el ritmo de su reforma parece haber quedado totalmente desbordado por la marcha de los acontecimíentos, de una parte, y por la falta de respuesta interna, de otra.Botha, de 70 años, da la impresión de que su preocupación, casi obsesiva, por un hipotético resurgimiento de la extrema derecha afrikaner, representada por tres formaciones políticas -el Partido Conservador, del doctor Andriers Truernicht (una escisión de su propio Partido Nacional), y los grupos neonazis Herstigte Nationale Partei, de Jaap Marais, y Afrikaner Weerstandsbeweging (Resistencia Nacional Afrikaner)-, supera con mucho cualquier otra, incluida la necesidad de terminar con el apartheid y la condena del mundo exterior.

El miedo 'afrikaner'

La violenta terminación de un mitin político del Partido Nacional, en el Gobieno, por matones uniformados del AWB, que preconiza el restablecimiento de las repúblicas boer del Transvaal y del Estado libre de Orange, y la obtención de un escaño en una elección parcial por parte del Herstigte Partei (Partido Reformado) han conseguido paralizar incluso la tímida reforma iniciada por Botha hace tres años con la introducción de una nueva Constitución, en la que por primera vez se introducía el voto para los 2,8 millones de mestizos y cerca de un millón de indios, y se ponía en marcha un sistema parlamentario tricameral.(La nueva Constitución fue rechazada de plano por todos los dirigentes negros, del interior y del exterior, y denunciada por la oposición liberal blanca, el Partido Progresista Federal, por dejar sin representación política a los 20 millones de negros.)

Botha, según ha explicado a este corresponsal un sociólogo local, parece estar hipnotizado por estos acontecimientos en su propio volk (pueblo), ante quien no quiere aparecer como un hombre que desunió a los afrikaner. Además, añade por su parte el experto constitucional del Gobierno, Celliers Odendaal, no hay que olvidar "el miedo a la pobreza latente en el alma afrikaner por el hambre y las penalidades que sufrieron en los años treinta".

De ahí que fuentes políticas de la capital surafricana estén convencidas de la inminencia de la convocatoria de unas elecciones generales para antes de final de año, o para marzo o abril como máximo, con el fin de que Botha pueda comprobar "si tiene el mandato del electorado [blanco] para seguir adelante".

Como manifestó el propio Desmond Tutu durante la ceremonia de su entronización como primer arzobispo negro y líder de la comunidad anglicana del África meridional, Botha, "de quien yo mismo he elogiado varias veces su coraje, se ha quedado dramáticamente corto para llegar a la solución a la que todos aspiramos", que, naturalmente, no es otra que la total desaparición de toda segregación acompañada de la libertad política en una Suráfrica unitaria.

Planes frustrados

Botha, que desde 1983 ha venido dando un paso adelante y dos hacia atrás, como en la yenka, ha promulgado en estos últimos tres años las medidas más avanzadas, desde el punto de vista afrikaner, para el desmantelamiento del apartheid desde la formación de la Unión de Suráfrica en 1910. Entre estas medidas destacan por su importancia la supresión de las leyes que impedían los matrimonios mixtos y la cohabitación con personas de diferente raza, pero sobre todo la concesión de derechos de propiedad a los negros en las zonas urbanas y la eliminación del influx control, que controlaba la libertad de movimientos, y del odiado dompass o documento de identidad obligatorio para los negros.Las dos leyes discriminatorias importantes que se mantienen son la Group Areas Act, que clasifica las zonas por razas, y la que obliga a llevar un censo separado por razas.

La reforma del Gobierno iba a culminar con la creación de una especie de consejo presidencial, el National Statutory Council, en donde todos los grupos raciales, incluidos los negros, estarían representados. Su misión: discutir una nueva Constitución para Suráfrica. A tal efecto, se publicó el correspondiente proyecto de ley de creación del consejo el pasado mayo, y sus funciones se iban a discutir en la presente sesión parlamentaria.

Dos sucesos dieron al traste con los planes del Gobierno. El primero, la negativa de los líderes moderados negros, el más importante de todos el jefe zulú Mangosuthu Buthelezi, de participar en tanto en cuanto el African National Congres y el resto de las organizaciones nacionalistas continuasen en la ilegalidad, y su líder, Nelson Mandela, en la cárcel. Otras organizaciones negras del interior que hasta ahora no habían rechazado colaborar con el Gobierno, como la African Federated Chamber of Commerce y los Urban Councils of South Africa, también se negaron.

El segundo fue la declaración del estado de emergencia, el pasado 12 de junio, que, a pesar de las diversas apelaciones por parte de personalidades y organizaciones del interior y del exterior para su levantamiento, sigue vigente. Aunque un portavoz del Buró de Información, creado para dar noticias oficiales sobre los disturbios -las únicas que se pueden publicar, de acuerdo con la draconiana legislación de emergencia-, ha manifestado que el estado de emergencia "ha demostrado que está funcionando"; el número de víctimas mortales, 290 hasta el pasado sábado, habla por sí solo.

El constitucionalista Odendaal reconoce que "el estado de emergencia da la impresión de que la reforma ha terminado", pero añade que no es verdad y que el Gobierno tiene la intención de seguir adelante. Lo que pasa es que, añade, "el ANC ya no está interesado en compartir el poder, sino que quiere todo el poder, y eso no va a ocurrir".

Desánimo

Sin embargo, incluso entre el establishment el desánimo empieza a cundir ante el punto muerto en que se encuentra la reforma política y la amenaza real de sanciones por parte de Estados Unidos, Japón y la CE. Incluso se llega a mencionar el abandono por parte de los líderes mestizo e indio en las Cámaras del Parlamento.En cuanto a la oposición liberal blanca, el Progresive Federal Party, que espera aumentar sus actuales 26 escaños a 52 en las próximas elecciones, está cada día más crítico y agresivo.

El temor en muchos círculos es que se pueda cumplir la posibilidad expresada recientemente por el arzobispo Desmond Tutu en una declaración a la revista Time: "Creo que la clase dirigente blanca está dispuesta a hacer con nosotros lo mismo que Sansón hizo con el templo: derribar las columnas, aunque eso signifique que ellos también perezcan en el proceso".