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La CE presiona por escrito a Industria para que acelere el desmantelamiento del monopolio de petróleos

El comisario de Competencia de la Comunidad Europea (CE), Peter Sutherland, ha enviado una carta de algo más de tres folios al ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier, en la que se reiteran las dudas comunitarias sobre el proceso normativo de adaptación del monopolio español de petróleos a la legislación europea de libre competencia. La carta, llevada a Madrid a finales de julio, solicita más información al Gobierno español sobre "algunas dudas" surgidas respecto a la actual legislación, al tiempo que sugiere, en buenos términos, una mayor turgencia en la publicación de la normativa pendiente, fundamentalmente la que afecta a la venta al por menor (gasolineras).

La carta de Sutherland a Croissier incrementa, en cierto grado, la ligera presión que la CE está aplicando al Gobierno español para que acelere el proceso de desmantelamiento de los monopolios comerciales españoles (básicamente, petróleos y tabaco) y los adapte a la normativa de libre competencia que representa el Tratado de Roma, que dio origen a la Comunidad Europea. En este sentido, la misiva ha sido recibida en la Administración española con cierta caución, si bien fuentes solventes señalan que la comunicación forma parte del "mecanismo habitual" de vigilancia que se somete a un país recién entrado en la CE.Los tres folios y medio de la carta del comisario de Competencia recuerdan, en su esquema, a otra comunicación que fue recibida durante la pasada primavera por el subdirector general de Petróleo, Gas y Agua del Ministerio de Industria, Nemesio Fernández Cuesta. En aquella ocasión, la carta, de marcado carácter informal., estaba firmada por el responsable de la denominada DG-4, el francés Cadieu, y forzó a los entonces responsables energéticos de Industria, a realizar un viaje a Bruselas para explicar, verbalmente, la legislación publicada el pasado diciembre sobre el desmantelamiento paulatino del monopolio de petróleos.

En esta ocasión, la tarta es más explicita y, debido a su carácter reiterativo, es probable que fuerce al Gobierno español a ofrecer explicaciones más contundentes. La posible respuesta española fue examinada, en primera instancia-, el pasado lunes, por el actual ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier, en conversaciones mantenidas en el ministerio con el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), óscar Fanjul, y el nuevo comisario de la Energía y Recursos Minerales, Fernando Maravall.

Dudas detalladas

El contenido de la carta del comisario europeo hacía mención a los siguientes puntos, sobre los que se pedía más explicaciones:- En la legislación sobre operadores al por mayor, aparecida en diciembre pasado, el Gobierno español debe delimitar y cuantificar lo que se entiende por la capacidad financiera y técnica" de las empresas candidatas a tal calificación.

Asimismo debe asegurar, dentro del denominado ámbito geográfico, que no se pueda producir una situación de "abuso de situación dominante"; esto es, que Campsa no "abusa" de su actual situación privilegiada en el mercado español. Dentro de la gama de productos, la CE interpreta que este punto debe ser matizado y no usarse de uria manera restrictiva.

-En la legislación de operadores al por menor, aún pendiente de aparecer, la CE recuerda la urgencia de que ésta se publique. En otras palabras, la comisión interpreta que no se debe consumir la totalidad del período transitorio para publicar esta normativa, y en cualquier caso debe anunciarse y respetarse un "calendario preciso" para su entrada en vigor. Recuerda la CE, según algunas fuentes, que en esta normativa, cuando aparezca, se respete el artículo 48 del tratado de adhesión, que establece que para ciertos productos la comercialización al por menor se realice de manera no discriminatoria".

'Aviso prejudicial'

Al margen de otros puntos menores, aunque de importancia trascedente para ciertos subsectores, como es el caso de la modificación de régimen de distancias en la instalación de gasolineras, la carta del comisario de la CE se ha interpretado en determinados medios como un paso previo a la posible presentación por la comisión como tal de un aviso prejudicial al Gobierno español.De confirmarse esta interpretación, el Gobierno español se vería forzado a ejecutar las recomendaciones apropiadas o arriesgarse a entrar en un largo y costoso proceso legal en los tribunales comunitarios sobre competencia.

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