La OTP ha sancionado a 500 estibadores de Barcelona que secundan la huelga contra la empresa Contenemar
Los estibadores de Barcelona recibieron ayer la notificación de unas 500 sanciones impuestas por la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), a causa de la huelga que la Coordinadora de Estibadores lleva a cabo contra la empresa Contenemar en los once puertos en que ésta opera. Las sanciones oscilan entre los 20 y los 40 días de suspensión de empleo y sueIdo. En una nota pública la Coordinadora de Estibadores comparó estas sanciones con las 5.000 que impuso la OTP en 1980, cuando el Gobierno de Unión de Centro Democrático intentó reformar los puertos. En aquella ocasión todas las sanciones fueron anuladas por las Magistraturas de Trabajo, basándose en el convenio marco del sector.El convenio vigente ha sido denunciado, precisamente, por Contenemar. Dicho convenio fue deslegalizado por sentencia de la Audiencia Nacional en enero de 1985, según fuentes del sector, ya que había sido firmado exclusivamente por dos empresas "y había sido impuesto a las demás, una a una, por la Coordinadora de Estibadores".
La Coordinadora inició ayer su segunda semana de huelga intermitente en los once puertos en que opera Contenemar, para oponerse a la ley de reforma de la actividad portuaria. Los estibadores consideran que "con los métodos de la fuerza de la ley, la Administración pretende imponer un decreto que supone la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y la venta de los puertos a las multinacionales, negando toda posibilidad de negociación".
Los estibadores opinan que la contratación de parados por parte de Contenemar "ha sido impuesta por la Administración", y que la empresa no ha podido negarse ante la amenaza de ejecución del pago de los 7.000 millones de pesetas en créditos concedidos por bancos públicos". Fuentes de Contenemar y de la Administración han negado que exista ningún tipo de presión.
Contenemar ha cifrado en 1.300 millones de pesetas la cantidad que ha dejado de ingresar a causa de la huelga y ha expresado su deseo de que "termine cuanto antes". La empresa y la OTP piensan presentar ante la Magistratura de Trabajo, además, una demanda solicitando que la huelga sea declarada "un acto ilícito y abusivo", según fuentes del Ministerio de Trabajo.
