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Editorial:

Ante el nuevo curso político

NO PARECE probable, al menos de momento, que vaya a verificarse la hipótesis según la cual nos encaminábamos hacia un período presidido por el aburrirniento político. Es cierto que el Gobierno, tras superar el escollo del referéndum sobre la OTAN, ha revalidado su mayoría absoluta y dispone de cuatro años adicionales para dar cumplimiento, desde su desahogada posición en la mayoría de las instituciones, a su proyecto de modernización de la sociedad española. Pero no por ello cabe hablar de un escenario político inmutable, ni siquiera estabilizado. Los debates políticos; de este próximo otoño, con el horizonte de las confrontaciones electorales de 1987 como fondo, servirán de banco de pruebas de la capacidad de las distintas oposiciones al socialismo gobernante para modificar la actual relación de fuerzas.Además del Gobierno central y el de gran número de municipios, incluyendo las principales ciudades, el PSOE ostenta el poder en la mayoría de las autonomías. No parece casual, sin embargo, que entre las excepciones figuren precisamente las tres comunidades con mayor tradición nacionalista. Al permanente foco de inestabilidad que supone la situación del País Vasco podría sumarse en los próximos meses Cataluña, sacudida por la posibilidad dé procesamiento de su presidente. En Galicia, la ruptura de Coalición Galega, cuya abstención posibilitó la investidura del conservador Fernández Albor, puede ser el anuncio de cambios en el mapa político de esa comunidad. El debate de los presupuestos generales del Estado para 1987, la negociación de la reducción de tropas norteamericanas y, la concesión de los canales de televisión privada servirán para animar la vida política en este reinicio del curso, y en particular para poner a prueba la aptitud del renacido centrismo para conectar con la opinión pública, disputar a la derecha y conservadora su condición de alternativa al socialismo gobernante.

El asunto Banca Catalana amenaza con convertirse en epicentro de graves convulsiones en las relaciones entre el Gobierno central y el de Cataluña. Es evidente que el eventual procesamiento de Jordi Pujol por parte de la Audiencia Territorial de Barcelona -que deberá adoptar su decisión en el plazo de los próximos tres meses- avivaría los sentimientos nacionalistas de gran parte de la población catalana. El presidente de la Generalitat podría, en esa hipótesis, optar por disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas. Pero éstas se convertirían entonces en un referéndum sobre la figura del actual presidente de Cataluña. La imprudente identificación hecha en su día por Pujol entre su problema personal como antiguo directivo de la entidad bancaria Y la nación catalana, contra la que el Gobierno central habría realizado "una acción indigna", permite albergar los más serios temores sobre los efectos desestabilizadores que podrían derivarse de la situación planteada.

En el País Vasco, la ya casi segura ruptura del PNV -partido que controla el Gobierno autónomo, el de las diputaciones y juntas generales y el 85% de los ayuntamientos- no podrá dejar de suscitar modificaciones sustanciales en todas las instituciones de Euskadi. La radicalidad del enfrentamiento dificultará cualquier posible acuerdo posterior entre los parlamentarios, junteros y concejales nacionalistas alineados en los dos sectores rivales, de tal forma que ni siquiera el previsible adelantamiento de las elecciones autonómicas garantiza un mínimo de estabilidad. De una situación casi a la mexicana podría pasarse a una que recordaría más bien a la italiana, con no menos de seis o siete grupos parlamentarios, ninguno de los cuales con fuerza parlamentaria suficiente como para gobernar en solitario. Con el agravante además de la dificultad de todos ellos para concluir pactos de gobierno con cualquiera de los demás.

La perspectiva de las elecciones locales en toda España y autonómicas en 14 comunidades, más las europeas, que también habrán de celebrarse a lo largo de 1987, alimenta las esperanzas de Coalición Popular de contar con una nueva oportunidad de derrotar al PSOE e invertir la tendencia de los últimos comicios. La autonomización de los democristianos de Alzaga obligará a los conservadores de Fraga a modificar su estrategia de la mayoría natural, pero no está claro todavía cuál va a ser la línea a emprender. La hipótesis de lanzar a Fraga a la batalla por la alcaldía de Madrid es demasiado arriesgada y dista de suscitar la unanimidad entre los dirigentes aliancistas. El debate interno sobre esta cuestión resultará probablemente muy esclarecedor para calibrar las perspectivas de futuro de la derecha española.

El relanzamiento político de Adolfo Suárez producido en las legislativas de junio tendrá que revalidarse ahora en los inmediatos debates parlamentarios. De su capacidad para concretar en iniciativas concretas su quizá demasiado aérea oferta populista de la pasada primavera depende su consolidación como eje de una eventual alternativa de centro que englobaría teóricamente a los democristianos y tal vez a los liberales y algunos nacionalistas.En otros tercios ideológicos, Izquierda Unida se enfrenta ahora al reto de cubrir el espacio desalojado por el PSOE, en particular en los movimientos sociales, sin por ello caer en el testimonialismo extraparlamentario. La previsible salida de los carlistas y del Partido Humanista de la coalición acabará con el equívoco de considerar unidad de la izquierda a lo que sólo era los restos del naufragio del Partido Comunista, pero no resuelve el di lema de hacer compatible una oposición frontal al partido en el poder con un proyecto que se apoya precisa mente en la necesidad de forzar la alianza con los socia listas.

En fin, el partido en el Gobierno no sólo tendrá que respaldar a éste en las batallas que se avecinan, sino también prepararse para abordar los debates ideológicos, aplazados por las urgencias del poder, en relación a las que hayan de ser señas de identidad del socialismo democrático en el futuro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de septiembre de 1986