Una reforma pendiente

La existencia de un nuevo ministro al frente del departamento de Sanidad y Consumo abre esperanzas de cambio en la política del Gobierno en esta materia. El autor señala las reformas que cree más urgentes si se quiere adecuar la sanidad de nuestro país a las necesidades de una sociedad desarrollada.

La sanidad ha sido, según la mayoría de las opiniones, una de las asignaturas pendientes de la primera legislatura socialista. Poco o nada se ha hecho en esta materia, salvo la aprobación de la ley general de Sanidad, que en su ambigüedad deja la mayoría de las cuestiones clave abiertas a múltiples interpretaciones a la hora de su desarrollo. Los problemas no se han querido o sabido solucionar, y se han hecho crónicos, con la dificultad que ello supone para encontrarles arreglo, y a la vez se ha logrado desilusionar al amplio colectivo de profesionales sanitarios que apostó en 1982 por la reforma sanitaria.Todo ello en un marco de restricción económica que ha hecho descender el porcentaje de PIB destinado a salud, que se situaba el año pasado alrededor del 3,5%, frente al 6,2% del Reino Unido o el 9,3% de Francia. A la vez, se ha aumentado la población protegida por el sector sanitario público, estimada en el 95% en 1985, lo que ha supuesto una disminución del gasto sanitario por persona protegida de 3.504 pesetas desde 1982 a 1985. Esta restricción económica se ha realizado, además, con criterios poco claros desde el punto de vista sanitario, produciendo una disminución global de la calidad asistencial.

Quizá, con todo, lo más llamativo ha sido la absoluta falta de política sanitaria que ha caracterizado la gestión del ministro anterior, si por política entendemos tener un plan de actuaciones y alternativas y avanzar hacia ellas. Se ha actuado según las conveniencias del momento, dando bandazo tras bandazo, y siempre en la óptica del ahorro y de mantener una buena imagen.

Ni siquiera se han conseguido avances en temas tan elementales como una buena política de vacunaciones (que están en nuestro país a un nivel tercermundista) o de lograr un número suficiente de profesionales cualificados sobre gestión y planificación sanitaria (una, de las insuficiencias clave a la hora de abordar la reforma sanitaria en España).

Muchos problemas

Muchos son, pues, los problemas que habrá de abordar el nuevo ministro. Un ministro que además, según ha reconocido con una sinceridad que le honra, no tiene experiencia en temas sanitarios. Por ello, y desde la óptica de quienes defendemos y estamos comprometidos con el mejor funcionamiento del sector sanitario público y, por tanto, deseamos la mayor eficiencia y eficacia de la administración sanitaria, me permito señalar lo que a nuestro entender son los problemas clave que habrá que resolver y cuáles las alternativas que de manera muy genérica pueden adoptarse.

En primer lugar, el nivel de conocimiento en materia de salud ha alcanzado un grado de desarrollo bastante importante a nivel internacional. Desde la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en el Reino Unido, en los años cuarenta, se han ido acumulando multitud de experiencias. Los servicios de salud de Dinamarca, Suecia y demás países nórdicos, los de reciente implantación en Italia y Grecia, así como los problemas planteados por el desarrollo del propio SNS inglés, por no hablar de los países del Este ni de la labor desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, hacen que prácticamente todas las cuestiones que se presentan a la hora de diseñar una política de salud estén suficientemente analizadas y sus soluciones planteadas a escala comparativa.

Naturalmente que hay decisiones políticas que tomar, pero la mayoría de los temas son fundamentalmente técnicos, y en ellos no tienen cabida brillantes improvisaciones, que no pueden sino producir disfuncionalidades en su aplicación, cuando no contradicciones irresolubles.

La segunda cuestión ya la ha señalado el actual ministro en sus primeras declaraciones. O se incrementa el porcentaje destinado al sector salud en los Presupuestos Generales del Estado o no hay reforma posible. Cambiar la estructura sanitaria de nuestro país de una manera profunda supone, aparte de la voluntad política de querer hacerlo, realizar muy importantes inversiones.

En este terreno, como en la reconversión industrial o en la red de carreteras, hay que realizar una inversión inicial importante para adecuar las actuales estructuras a las necesidades reales de la población, más aún cuando la ley general de Sanidad prevé, aunque de forma difusa, una ampliación de la cobertura y de las prestaciones sanitarias (salud mental, etcétera).

Desarrollo de la ley

Claro está que queda también el desarrollo de la ley, que obliga a una amplia labor normativa por parte del ministerio y de las comunidades autónomas. Ésta es la oportunidad de solucionar los aspectos más negativos de la misma. Asegurar la cobertura a todos los ciudadanos por parte del Sistema Nacional de Salud, acelerar la integración de todas las atenciones y ampliar las mismas a los temas hasta ahora desatendidos (salud mental, odontoestomatología, promoción de la salud, etcétera), así como propiciar las transferencias del Insalud a todas las comunidades autónomas, acabando con la duplicidad y confusión de varias redes sanitarias públicas, y la regulación de la libre elección de médico en un marco que permita el desarrollo de las labores de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad son algunas de las cuestiones clave que podrán consolidar un modelo público de salud.

No menos importancia tiene potenciar la atención primaria, ampliando el número de centros de salud y la población acogida al nuevo modelo de atención primaria de salud, asegurándoles unos recursos de medios, infraestructura y personal suficientes, implementando a la vez los problemas que padecen los que ahora funcionan.

Y ello sin olvidar el segundo escalón de la atención sanitaria, mejorando el funcionamiento de los hospitales públicos, dotándolos de medios presupuestarios que permitan un equipamiento suficiente, creando una red integrada de hospitales públicos en todas las comunidades autónomas, favoreciendo unas relaciones fluidas entre los hospitales y la atención primaria y asegurando sus condiciones de trabajo y retributivas que incentiven la dedicación y la calidad asistencial de los profesionales.