El gobierno boliviano responde a las protestas sociales con la implantación del estado de sitio

MABEL AZCUI, El Gobierno boliviano anunció ayer la implantación del estado de sitio por 90 días en todo el país para hacer frente a un supuesto plan insurreccional preparado por grupos de extrema izquierda, según afirmó un portavoz del Ministerio de Información. La decisión gubernamental se ha producido justamente en vísperas de la huelga general convocada para hoy por la Central Obrera Boliviana (COB) y de la prevista llegada a La Paz, la capital, de unos 5.000 mineros y sus familias, en una marcha de protesta contra los planes del Ejecutivo para su sector. La marcha fue detenida ayer por tanques del Ejército a 57 kilómetros de La Paz.

La marcha por la vida, nombre por el que se conoce la marcha de los mineros, Puede acabar en tragedia, según el temor generalizado de periodistas, dirigentes políticos y parlamentarios, a quienes ayer se prohibió acercarse al "teatro de operaciones", que es como un funcionario del Ministerio del Interior denominó al lugar donde se encuentran los manifestantes, sitiados por efectivos militares y policiales. Diputados de izquierda protestaron vehementemente después de que la policía les impidiera el paso hacia la carretera de La Paz a Oruro, donde se encuentran los trabajadores mineros.Casi en el penúltimo día de una extenuante marcha, cuyo destino final era la sede del Gobierno, los 5.000 mineros, sus mujeres e hijos de corta edad, además de otros 5.000 acompañantes, fueron divididos en grupos aislados entre sí por el cerco militar impuesto poco después de que, en la madrugada de ayer, el Gobierno decretara el estado de sitio. Testigos presenciales aseguraron que grupos de trabajadores, mujeres y, niños eran obligados, ametralladora en mano, a subir a los camiones del Ejército para trasladarlos a sus centros de trabajo, en los distritos mineros de Potosí y, Oruro, tras haber recorrido a pie 182 kilómetros. Representantes de organizaciones bolivianas de defensa de los derechos humanos denunciaron que en dichas ciudades, sitiadas desde la madrugada de ayer, se registra una violenta represión.

El Ejecutivo afirma que con el estado de sitio intenta frustrar un plan insurreccional preparado por grupos de extrema izquierda y que iba a ejecutarse aprovechando la marcha pacífica de los trabajadores. Siempre según las autoridades, estas perspectivas han motivado la detención de al menos 50 personas, entre ellos periodistas, de la agencia como el corresponsal France Presse, Andrés Soliz, que es ejecutivo de la Federación de Prensa; dirigentes políticos, como los ex ministros Alfonso Camacho y Horst Grebbe, que formaron parte del Gobierno de Adolfo Siles Suazo, y varios dirigentes de la COB y de comités cívicos.

La dramática situación en que se encuentran los mineros, ya que no se ha permitido hacerles llegar ni alimentos ni atención médica, ha originado una petición generalizada para que la Iglesia católica medie en el problema. Dirigentes de la COB en la clandestinidad, así como parlamentarios que llegaron a primera hora de la mañana a La Paz, procedentes de Calamarca y San Antonio (localidades a 57 y 54 kilómetros de La Paz, donde pernoctaron los mineros), anunciaron su decisión de pedir a la Conferencia Episcopal una mediación urgente para que concluya el sitio a los integrantes de la marcha.

El Frente de Solidaridad con los Derechos Humanos, presidido por el obispo Abel Antezana, pidió al Gobierno que revise sus medidas de excepción y permita el abastecimiento de alimentos y asistencia sanitaria a los integrantes de la marcha sitiados, que, en su mayoría, se niegan a subir a los vehículos del Ejército.

El estado de sitio, el segundo que se declara durante el mandato del presidente Víctor Paz Estenssoro, ha sido duramente criticado incluso por parlamentarios del propio partido oficialista, que lo consideran "inhumano".

Los mineros protagonizan esta marcha, iniciada el pasado viernes desde la ciudad de Oruro, distante 230 kilómetros de La Paz, en un intento de conmover la conciencia de la comunidad internacional y del propio Gobierno, que, en los últimos ocho meses, ha despedido a cerca de 8.000 mineros de las empresas estatales tras el colapso que sufrió la Corporación Minera de Bolivia por la caída de precios de los minerales exportables.

Los trabajadores decidieron ir a La Paz para dialogar con el Gobierno y solicitar que no cierre las minas estatales, dado que su clausura supone además la pérdida de viviendas, servicios de educación y sanitarios, que presta la empresa minera estatal.

El Gobierno dispuso el pasado martes la descentralización de la Corporación Minera de Bolivia, creada hace más de 30 años por el propio Paz Estenssoro para gestionar las minas nacionalizadas. Esta descentralización implicaba el cierre de dos empresas, la entrega de nueve a cooperativas de los propios trabajadores mineros y la explotación estatal de las más rentables. La medida gubernamental fue rechazada por los mineros el miércoles, cuando se encontraban en marcha.

Acosado por el creciente malestar de grupos de trabajadores que están pasando verdadera situación de hambre, el Gobierno no puede hacer mucho por ellos. Sin recursos financieros suficientes para crear puestos de trabajo, Paz Estenssoro ha perdido también importantes flujos ilegales de dólares, procedentes del tráfico de drogas, a raíz de la operación antidroga que lleva a cabo con la ayuda del Ejército de Estados Unidos.