Convivencia en Melilla

LA REUNIÓN celebrada ayer en la sede del Ministerio del Interior entre altos cargos de dicho departamento, el delegado del Gobierno en Melilla y varios representantes de los partidos políticos con presencia en la ciudad parece abrir, por primera vez en bastantes meses, perspectivas moderadamente alentadoras sobre la posibilidad de detener el creciente deterioro de la convivencia entre las dos comunidades, cristiana y musulmana, en dicho enclave español en territorio norteafricano. Sólo moderadamente, porque el principal fruto de la reunión de ayer, la propuesta de crear una comisión mixta, con representantes de ambas comunidades, que en adelante discuta con la Administración los problemas planteados, fue en principio rechazado por el principal líder del sector musulmán de la población, Aomar Mohamedi Dudú.La aplicación de la llamada ley de extranjería, promulgada en julio de 1985, provocó la justificada protesta de los melillenses de origen marroquí, a quienes se obligaba a reconocer, bajo amenaza de expulsión y contra su voluntad íntima, su condición de no españoles. De los 72.000 habitantes con que cuenta Melilla, unos 27.000 son musulmanes, pero de ellos apenas 7.000 cuentan con nacionalidad española oficialmente reconocida.

La falta de realismo de las autoridades frente a las protestas de esos 20.000 ciudadanos a los que se condenaba a la inseguridad jurídica a perpetuidad provocó una radicalización del colectivo musulmán que, a su vez, dio origen a reacciones violentamente racistas por parte de sectores de la comunidad cristiana. La situación de la ciudad, rodeada por territorios de un Estado que periódicamente reclama la soberanía sobre la misma, contribuyó a exacerbar las emociones de ambas comunidades. La reciente detención de Juan Díez, dirigente del Partido Nacionalista Español de Melilla, acusado de preparar un atentado terrorista contra la sede de la delegación del Gobierno en la ciudad, demuestra hasta qué punto se ha deteriorado la situación.

El cruce de presiones contrapuestas ha llevado al Gobierno a alternar decisiones contradictorias buscando en cada ocasión calmar a quienes más fuerte habían gritado la víspera, brillando por su ausencia una auténtica política de Estado sobre un problema cuyas potenciales implicaciones internacionales son evidentes. El pasado mes de febrero, representantes del Ministerio del Interior y de la comunidad musulmana llegaron a un principio de acuerdo sobre la elaboración de un censo de residentes sin nacionalidad española reconocida, como paso para la tramitación, de acuerdo con criterios de arraigo, de la nacionalización de quienes lo deseasen. Ello paralizaba en principio la aplicación de las previsiones de la ley de extranjería, incluyendo las que permiten la expulsión fulminante de los extranjeros que no hayan regularizado su situación como tales.

La concienciación que sobre otros aspectos de su marginación social produjo entre los melillenses de origen marroquí el conflicto suscitado por la ley de extranjería se tradujo en iniciativas como la convocatoria de unas elecciones paralelas a las del pasado 22 de junio -en las que participaron unos 11.000 musulmanes-, sentando así un inquietante precedente en la medida en que venía a plantear con crudeza la escisión entre ambas comunidades y la potencial tendencia a contraponer dos legitimidades diferentes.

El argumento de Dudú para rechazar los acuerdos alcanzados ayer es que los derechos de los ciudadanos musulmanes de Melilla deben ser discutidos exclusivamente por ellos mismos, negando representatividad a tal fin a los interlocutores desplazados a Madrid, y virtualidad a la propuesta de constituir una comisión mixta. Aunque pudieran existir motivos para la desconfianza del dirigente musulmán y sus seguidores, nada justifica su rechazo frontal de la única vía que en las actuales circunstancias puede detener el deterioro de la situación: la de la institucionalización de un cauce de diálogo permanente que garantice, en los términos expresados en los acuerdos de febrero, "la plena integración en la sociedad española de los residentes musulmanes en el territorio nacional". Si se ponen obstáculos a esta vía de entendimiento, entonces es que se está hablando de otra cosa bien diferente.