El cónclave de los subsecretarios

UNO DE LOS primeros decretos del Gobierno constituido tras las elecciones del 22 de junio fue el destinado a designar a Alfonso Guerra presidente de la Comisión de Subsecretarios, organismo encargado de debatir los asuntos de competencia del Ejecutivo previamente a su inclusión en el orden del día del Consejo de Ministros. La convocada para hoy será la primera reunión de dicha comisión en su nueva configuración. Bajo la apariencia de una medida puramente instrumental se esconde probablemente una decisión cargada de significación política.La experiencia de los dos primeros años de gobierno socialista convenció a Felipe González de la conveniencia de aligerar los Consejos de Ministros de ciertos debates para los que dicha institución resultaba escasamente funcional. El nombramiento de otros dos o tres vicepresidentes, responsables de las grandes áreas de actuación, que despacharían directamente con el presidente del Gobierno y que formarían con Guerra y González una especie de Sanedrín máximo del Ejecutivo fue una solución considerada, y en esa dirección se movió la remodelación intentada el verano pasado. Sólo intentada, porque es de sobra conocido su desenlace, con la salida de Boyer y el reforzamiento de Guerra.

Aquel episodio vino a confirmar la existencia de una larvada rivalidad entre el leal lugarteniente del presidente y la brillante figura del superministro de Economía. Las despectivas frases que Guerra ha dedicado hace unos días al ex ministro, tras la intervención de éste en Santander, demuestran que, lejos de haber cicatrizado, la herida del rencor sigue abierta. Hasta tal punto que no parece descabellado suponer que el sentido último del decreto que atribuye a Guerra la presidencia de la Comisión de Subsecretarios sea el de cortocircuitar preventivamente al sucesor de Boyer, Carlos Solchaga, actual máximo responsable de todos los departamentos del área económica.

Una de las contradicciones del régimen democrático en los países industrializados es la existente entre la aspiración teórica a que todos puedan decidir sobre todo y la necesidad de especialización que deriva de la creciente complejidad de los problemas sobre los que deben decidir los representantes de la voluntad popular. Esa necesidad de especialización ha facilitado el acceso a puestos de responsabilidad política de personas caracterizadas antes por sus conocimientos técnicos en una materia determinada que por su capacidad política propiamente dicha. A su vez, el crecimiento geométrico de las demandas sociales, y la consiguiente incapacidad del Estado para satisfacerlas todas simultáneamente, ha convertido el arte de gobernar en la actividad de quienes deciden entre varias alternativas igualmente deseables. Por serlo, la decisión final será necesariamente política, y no meramente técnica.

De ahí la potencial contradicción entre el creciente papel de los técnicos en la definición de las opciones y la necesidad, sin embargo, de que los políticos retengan el poder de decisión. Es decir, de zanjar con criterios específicamente políticos los conflictos entre propuestas igualmente razonables, pero sectoriales. La presencia de Guerra a la cabeza de la Comisión de Subsecretarios persigue por ello, probablemente, dos objetivos: de una parte, introducir un factor de control político en el eslabón que cabe considerar técnico por antonomasia, el de los subsecretarios o especialistas sectoriales; de otra, limitar las posibilidades de intervención directa de los ministros (fundamentalmente aquéllos que deben su cargo a sus conocimientos técnicos) en asuntos que desborden el campo de su especialidad.