La última promoción de jueces pide la reforma urgente de la Escuela Judicial

Varias decenas de miembros de la última promoción de jueces han comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus protestas ante el deficiente funcionamiento de la antigua Escuela Judicial, hoy Centro de Estudios Judiciales. Tras la experiencia vivida durante casi cuatro meses, los nuevos jueces consideran que el centro, tal como funciona actualmente, es inservible para los fines que le asigna la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que piden su "necesaria y urgente reforma". El vocal del CGPJ Pablo García Manzano ha agradecido el nivel crítico manifestado por los alumnos

El artículo 434 de la vigente LOPJ, de 1 de julio de 1985, asigna al Centro de Estudios Judiciales, entre otras, las funciones de "selección, formación y perfeccionamiento" de los miembros de la carrera judicial, bajo la exclusiva dirección del CGPJ. Para muchos de los componentes de la 32ª promoción, la renovación del Consejo mediante la elección parlamentaria de sus 20 vocales, no se ha traducido en una mejor calidad del aprendizaje de la judicatura, por lo que proponen su reforma si no se quiere, dicen, "perder el tiempo".Los aproximadamente 30 firmantes del documento entregado al CGPJ, sobre un total de 163 aspirantes a jueces -de los que asistieron al curso menos del 50%- consideran que es general el criterio de que el Centro de Estudios Judiciales no vale en su actual planteamiento. Según in formaron a este periódico, las deficiencias, más que de carácter ideológico son de índole profesional, ya que, según ellos, "se desaprovecha la oportunidad que proporciona la presencia conjunta de los futuros jueces de una misma promoción, tanto para completar su formación práctica como para debatir los criterios de aplicación de las normas con los que han de enfren tarse en los meses siguientes".

Los alumnos del Centro de Estudios Judiciales compatibilizan las enseñanzas teóricas que reciben por la tarde con la práctica rotatoria en diversos juzgados de Madrid. Entre las quejas figura la falta de renovación del profesorado. El director, Joaquín Salvador Jiménez, no ha cambiado desde el mandato del anterior CGPJ, y algunos profesores mantienen hábitos como el de pasar lista o amenazar con suspender, que según los alumnos constituyen "una disciplina absurda". Como ejemplo concreto citan la actitud del juez Javier O'Callhagan, que en un momento dado y ante la ausencia de alumnos a sus exposiciones teóricas, planteó la conveniencia de cerrar el centro si no había mayor asistencia.

Deficiencias

Entre otras deficiencias, los nuevos jueces destacan que hay profesores que mantienen la no aplicación directa de la Constitución en determinadas materias. Igualmente, echan en falta que durante el curso no se tratara sobre el funcionamiento de la oficina judicial ni se hablara en ningún momento de la corrupción en los juzgados.

Un dato que algunos alumnos consideran revelador del escaso rigor del planteamiento docente se produjo durante la formación de la última promoción de fiscales, a propósito de la debatida inseguridad ciudadana. Se planteó si era más conveniente que los fiscales solicitaran las penas máximas o las mínimas, dentro del margen que otorga la ley. Un profesor, para quien las penas fijadas son exiguas, propuso a los futuros fiscales que pidan las penas mínimas "para que se arme y el legislador se entere", en expresión de un alumno.

El criterio de muchos alumnos es que el Centro de Estudios Judiciales no funciona correctamente y que el periodo que se pasa en él es, según algunos, "como unas vacaciones pagadas entre el fin de la oposición y la toma de posesión en el juzgado" [durante esa etapa, los futuros jueces perciben, en concepto de funcionarios en prácticas casi 120.000 pesetas mensuales]. Otros consideran que los profesores no tienen el nivel pedagógico adecuado y que es precisa una reorganización y redefinición de objetivos, así como una adecuada asignación de medios.