El Gobierno estudia una reducción en las tarifas del impuesto sobre la renta para compensar la inflación

El Gobierno debatirá en las próximas semanas una reducción en las tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Sería la primera bajada que compensara con cierto carácter general los efectos de la inflación sobre los tipos del impuesto, sólo corregidos el pasado año en las rentas más bajas. La nueva tabla está siendo estudiada por el Ministerio de Economía y Hacienda y podría ser incluida en la ley de Presupuestos del Estado para 1987. Por otra parte, en la Administración se consideran fundadas algunas de las críticas que inspiran las propuestas de una reforma más global. Pero el hecho de que el IRPF acaba de ser reformado y el temor a perder recaudación llevan a considerar prematuras tales iniciativas.

La nueva tabla de tarifas en estudio, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, está orientada a reducir sensiblemente el número de escalas. De los 34 tramos actuales, graduados entre 500.000 pesetas y más de 12,2 millones de pesetas, se pretende simplificar la tabla y dejarla prácticamente en la mitad. Gracias a la nueva configuración, bajarían algo los tipos medios, que ahora oscilan entre el 8% y el 45,96%. No obstante, las mayores reducciones se darían en los tipos marginales, los aplicados a los restos de la base imponible, que van desde el 8% al 66%.Dentro del ministerio que dirige Carlos Solchaga se han detectado dos posiciones diferenciadas. La parte de Economía, cuyo responsable es el secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, considera necesarios estos retoques, tanto para desbloquear la falta de incentivos fiscales que pesan sobre la actividad económica como para hacer menos rentable el fraude. De otro lado, los responsables de Hacienda, cuyo secretario de Estado es José Borrell, se muestran más preocupados por la eventualidad de que el IRPF pierda potencia recaudatoria, lo cual agravaría el problema del déficit.

Frente a estos recelos, las perspectivas de la política económica para el próximo año podrían hacer de la necesidad virtud. Al margen de los problemas del impuesto, el Gobierno tendrá que ofrecer a patronal y sindicatos amplias contrapartidas presupuestarias para que haya concertación social. Además, quiere apoyar el crecimiento del consumo privado y de la inversión -únicas fuentes de expansión económica en el actual contexto internacional- sin poner en peligro el propósito de aproximarse a las tasas de inflación europeas.

En consecuencia, si el Consejo de Ministros mantiene el objetivo de terminar 1987 -con un aumento de precios de sólo el 4% y una expansión real del consumo privado del 3% deberá acompañar la moderación salarial deseada con un impuesto sobre la renta que no merme la capacidad de compra. Las previsiones más solventes apuntan en este sentido que sólo incrementos de renta disponible por encima del 5,5% dejarán margen para algún crecimiento del consumo.

La vía de los Presupustos

Si el Gabinete decide incluir la nueva tabla en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, lo cual implicaría también una disminución de las retenciones sobre nómina, será la primera vez desde que se aprobó el IRPF que la generalidad de los contribuyentes se verá liberada del alza de tipos provocada por la subida nominal de rentas.

En 1981 UCD introdujo la primera corrección generalizada para evitar este fenómeno, basado en que el aumento de ingresos del sujeto pasivo provoca el salto de una escala a otra superior; en aquella ocasión, los tipos de las rentas más bajas disminuyeron a partir de 0,20 puntos, y en las más altas la reducción fue algo superior a dos puntos. Pero en los tres años posteriores volvieron a aumentar los tipos de cada escala, por el doble efecto de su reducción al alza y de los saltos causados por la subida nominal de rentas. El Gobierno socialista, cuyo partido prometió en su programa electoral de 1982 corregir los efectos de la inflación, compensó el año pasado estos incrementos, aunque con efectos prácticos limitados a las rentas de hasta 1.000.000 de pesetas (véase cuadro adjunto).

Un estudio realizado por colaboradores de José Borrell reconoció el pasado año que, desde que se implantó el IRPF, el efecto de la inflación sobre el aumento de la presión fiscal registrada a través de este impuesto ha sido casi tres veces superior al incremento de ingresos derivado del aumento en el número de contnbuyentes. Igualmente, dicho fenómeno superó en 18 veces al incremento de las rentas declaradas.